Si un agente quiere una copia de la llave de la oficina de vestuarios de la frontera, se la tendrá que comprar. Si quiere desarrollar su trabajo en condiciones dignas, será mejor que vaya pensando en traerse el mobiliario de su propia casa. Y es que va a llegar el momento en que el tercermundismo que marca la ya de por sí complicada labor fronteriza alcance un grado que sea insoportable.
Las redes sociales se hacían ayer eco de la simbólica protesta llevada a cabo en pleno escenario del Tarajal. Delegados de la CEP, la Confederación Española de Policía, simulaban la recogida en una hucha de dinero para ayudar a la Jefatura a pagar esas copias tras toparse con una nueva salida de tono de la Secretaría General del Cuerpo. En una cuartilla colocada a la vista de todos, se advierte de que el próximo 30 de septiembre se cambiará la cerradura de la oficina que conduce a los vestuarios de los policías en el Tarajal debido a su mal estado, quedando una sola llave común de uso para todos. En dicha comunicación, con sello oficial, se recomienda que los agentes que quieran disponer de una llave propia lo podrán hacer pagándola de su bolsillo. Un gasto que a pesar de tener que ser asumido por la Administración, se hace recaer en los bolsillos de los policías, quienes por comodidad disponen de llave propia para acceder a las dependencias en las que se cambian.
El detalle es algo más que anecdótico porque viene a simbolizar el respeto que la Administración tiene hacia sus agentes, algo que queda acentuado en imágenes mucho más graves como la que también ha difundido la CEP a través de las redes sociales. En una silla como la que se aprecia en la imagen reproducida en esta noticia se sientan los agentes que prestan servicio en los filtros del Tarajal. “Aún estamos esperando el mobiliario nuevo prometido y solicitado por la CEP”, denuncian. “No puedo creer que nuestra Dirección General mantenga este mobiliario, seguro que no está en ‘este es mi despacho”, ironiza la delegación sindical de Cádiz.
La CEP reclama el trato obligado en medios e infraestructuras para sus agentes, sin que éstos sean los que tengan que costearse pagos que deben ser asumidos por la Administración, a no ser que confíen en que sean los propios sindicatos los que con dinero de sus afiliados hagan adquisiciones que son de obligación superior, como de hecho ya se ha producido en algunas dependencias.
