El presidente señala que se debe respetar la presunción de inocencia. De todas maneras, alega que este caso no se puede “extrapolar a la institución”. Mantiene que el balance de estos cien años es totalmente ejemplar.
La petición del Gobierno de la Medalla de la Autonomía para el Colegio San Agustín y la petición del fiscal de tres años de prisión para una docente de este centro acusada de dos delitos se juntaron en una pregunta que le hicieron ayer al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas. cuando compareció junto a la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, después de la entrevista que ambos mantuvieron en el despacho de Presidencia.
Hay que recordar que el presidente de la Ciudad, en el discurso que pronunció durante la cena del centenario de este centro escolar, indicó que el grupo parlamentario popular iba a proponer al pleno de la Asamblea la concesión de esta distinción.
Pues bien, el mismo Vivas quiere dejar bien claro, en primer lugar, que esta docente del San Agustín está ahora mismo investigada, “pero tiene derecho a la presunción de inocencia”. Luego, fue un poco más lejos y presentó un campo donde, después del pronunciamiento de los tribunales, a esta persona la condenaran, pero quiso, de manera inmediata, descartar cual posible relación entre esta causa y la posible vinculación del colegio, “porque no se puede extrapolar esta posible condena con la misma institución”.
Fue claro al considerar excelente el balance de cien años como institución dedicada a la enseñanza, con miles de alumnos en sus aulas, varias generaciones de ceutíes y cientos de profesores que han “dedicado su vida a esta profesión, no puede ser causa para que haya una relación entre una y otra cosa”.
Incluso se preguntó en voz alta que “¿cuántas instituciones hay en España que gozan del cariño de todos los españoles y que, aunque en un momento determinado, le aparezca un garbanzo negro, no hay porque buscar una relación?”. No quiso aludir a nadie, pero en el pensamiento de todos los presentes se encontraba una clara referencia a la Casa Real y al caso del juicio que ahora mismo se está celebrando, donde están sentados en el banquillo de los acusados la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín.
Para el presidente “desde una perspectiva global este colegio ha sido un ejemplo en su apuesta por la libertad académica y de expresión, por cultivar a muchísimas personas y hacerlas dueñas de su destino... Todos los reconocimientos que se le hagan a la docencia y a los docentes son necesarios”.
La Fiscalía solicita un total de tres años de cárcel para la maestra sobre la que desde hace más de un año pesa una orden de alejamiento de varios alumnos del centro. Su escrito de acusación le imputa dos presuntos delitos: contra la integridad moral, contemplado en el artículo 173 del Código Penal; y de maltrato, recogido en el 153.2; y agravante de superioridad.
Por el primero pide una condena de dos años de prisión y la prohibición de “aproximarse y comunicarse” con doce alumnos durante tres años, así como “suspensión del ejercicio docente en cualquier centro público o privado” durante el tiempo de la condena. Por el supuesto delito de maltrato solicita otros doce meses de prisión, prohibición de acercarse y contactar con un estudiante durante tres años e idéntica pena profesional accesoria. Igualmente propone que se impongan las costas.
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