Susana Román da a conocer en la jornada de ayer que durante el último año se habían detectado un total de 690 declaraciones fraudulentas en el PIF situado en la zona portuaria.
Las inspecciones realizadas por la Ciudad Autónoma en el PIF a la salida de los ferries apuntan a que las que se han considerado fraudulentas presentaban declaraciones hasta un 60% por debajo del valor real de la mercancía. Estos datos lo dio a conocer en la jornada de ayer la consejera de Economía, Hacienda y Administración Pública, Susana Román, en el transcurso de la sesión plenaria donde se celebró un debate sobre la intención del equipo de gobierno de introducir una nueva tasa de 0,15 euros por kilo de mercancía que venga preparada en bultos o fardos.
Indicó que durante los últimos doce meses el servicio de inspección montado por el organismo autónomo Servicios Tributarios había destacado que detectaron un total de 690 declaraciones fraudulentas. Aclaró que en determinados casos el valor declarado era un 280% inferior al valor real en el mercado de la mercancía. La media de esas casi 700 declaraciones fraudulentas suponían como hemos escrito antes un 60% menos del valor real de la mercancía.
Quiso dejar muy claro la propia consejera que la medida adoptada por el Ejecutivo del presidente Vivas tenía unas argumentaciones técnicas para justificar, por supuesto, esta medida, pero también se incluían unas valoraciones políticas. Aclaró que “nosotros lo que estamos en contra es de ese tipo de mercancías como la ropa china, la ropa y el calzado usado que parte desde unos polígonos industriales en Madrid, que utilizan Ceuta como zona de paso y que termina en Marruecos, sin que aquí se cree ningún tipo de riqueza”.
También puso en duda las afirmaciones de determinados empresarios que hablaban de que se destruían doscientos puestos de trabajo si se aprueba esta medida propuesta por el Gobierno, “porque ya nos gustaría que así fuera”. También destacó que esta tasa tenía un carácter disuasorio para que no se hicieran más declaraciones fraudulentas y que la ropa no venga en fardos, “no nos oponemos a este comercio, sino a que la ropa venga en fardos o balas”.
En la primera intervención que tuvo para justificar, de alguna manera, la decisión que adoptaba el Gobierno, lo cierto es que indicó que este tipo de comercio produce una serie de gastos en los polígonos del Tarajal y en los alrededores. Así, por ejemplo, destacó la labor de limpieza que deben hacer los integrantes de Obimace y los agentes de la UIR que están destacados en los polígonos para el mantenimiento de la circulación. Y es que especificó que si nos atenemos los datos oficiales estamos hablando de la entrada en Ceuta todos los días de veinticinco mil personas y doce mil vehículos y que, lógicamente, esta situación provoca como es normal unas disfunciones en los servicios públicos de la Ciudad Autónoma de Ceuta a todos los niveles y que es lógico que se establezca una tasa disuasoria para recuperar en parte los gastos que asume el Ayuntamiento.
Dijo que quería transmitir de alguna manera a los comerciantes que continuaran con su labor, pero que dejaran de empaquetar sus mercancías en fardos porque se dan unas circunstancias que son verdaderamente infrahumanas para los porteadores. Además, destacó que este tipo de negocio ya incluso trascendía las propias puertas de los polígonos del Tarajal, sino que llevaba por un lado hasta el Príncipe Alfonso y por otro hasta la barriada de Miramar.
Se mostró en desacuerdo de que por parte de los partidos políticos de la oposición se insinuara de alguna manera de que por parte del Gobierno de la Ciudad no se había hablado nunca con los representantes empresariales de la CECE y con los comerciantes de los polígonos y recordó Susana Román que en la anterior legislatura ya pudo participar en algunos encuentros donde se hablaba de gravar estas partidas de mercancía hasta en cinco euros cada kilo.
A los tribunales
Partidos de la oposición manifestaron en la sesión plenaria celebrada ayer que la medida fiscal adoptada por el Gobierno para intentar acabar con el tema del negocio de los bultos en el Tarajal era ilegal, además de claramente discriminatoria. Quien más hincapié hizo sobre este asunto fue el diputado de Caballas, Juan Luis Aróstegui, quien vino a redundar que “si por parte del Gobierno no se retira esta barbaridad y siguen adelante, nos veremos en la obligación de llevarlo a los tribunales. Porque cuando se habla de asuntos fiscales no se puede perder el rigor desde ninguno de los aspectos”. Manifestó que se podía entender la frustración y la impotencia que el equipo de gobierno sentía por no poder solucionar los problemas que se producen en el Tarajal “y nosotros estamos con ustedes. Les pedimos que lo retiren y entre todos estudiamos medidas que, de alguna manera, sirvan para poner orden en este conflicto”. Se quejó de que bajo ningún concepto se podía mantener que existían una serie de gastos con la labores de limpieza que hacía Obimace y la presencia de la UIR para regular el tráfico “y que esta medida fiscal recaiga sobre veinticinco empresarios y no sobre el resto de los que componen la comunidad de los polígonos”
Mientras, el portavoz del PSOE, Manuel Hernández, aludió a que no se podía estar en contra del comercio de la ropa usada y que ellos habían tenido la oportunidad de reunirse con los dirigentes de los empresarios de los polígonos y que les habían manifestado que se quedarían sin trabajo unas doscientas personas. Por ello, señalaron que iban a votar en contra de esta propuesta del equipo de gobierno.
MDyC a través de Fatima Hamed acusó al Ejecutivo de no habían contactado para nada con los empresarios y que aunque se les podía reconocer la buena voluntad al intentar ordenar la situación del Tarajal, lo mejor era que lo dejaran encima de la mesa, sumándose de esa manera a la petición hecha por Aróstegui.
Por su lado, Ciudadanos, a través de Javier Varga, defendió que se iban a abstener, ya que entendía que de alguna manera se estaba abriendo el camino para solucionar, de una vez por todas, la problemática, pero que, seguramente, durante el período de alegaciones existirían oportunidades para perfeccionar la medida. 
