La querella criminal presentada por los servicios jurídicos de la Ciudad en defensa del honor de tres diputados (los del Gobierno, Rabea Mohamed y Néstor García León, y el de la oposición, Mohamed Alí) marca un antes y un después en el límite que puede y debe aguantarse en política.
Las injurias y calumnias que fueron recogidas en redes sociales en un foro de Ceuta, segunda mano, han motivado que, por vez primera, los servicios jurídicos de la Ciudad sean los que defiendan los intereses de los afectados, mostrando de esta forma la implicación de la institución. Y todo ello porque a los tres diputados se les tildó primero de “sinvergüenzas” para, después, acusárseles de haberse “repartido viviendas entre familiares y amigos” de ahí que “dijeran siempre que la lista era fantasma”, tal y como se recogió hace unas semanas en dicho foro.
Esta crítica general, vertida a raíz de la polémica suscitada en torno a las VPO de Loma Colmenar, se centralizó en cada uno de los diputados, acusándoles de haber beneficiado a familias directas y acompañando dichas críticas con una fotografía en la que aparecían los rostros de los tres. La publicación se hizo viral y fue compartida por varias personas que hicieron suyos los comentarios “sin contrastar información alguna o ponerse en contacto con alguno de los querellantes”, se expone en la querella presentada en los juzgados.
A los mensajes injuriosos compartidos se sumó otro. El presentado por una persona que se cebó particularmente con el diputado de Caballas, Mohamed Alí, al que acusó de quedarse con viviendas de Loma Colmenar para sus familiares y darle otra en el Sarchal a uno de sus descendientes (a pesar de que sus hijos son menores y nunca ha habido promociones de viviendas de este tipo en el Sarchal). “El ánimo calumnioso e injurioso es patente en los textos publicados, propio de un odio irrefenable que lleva a los querellados a publicar compulsivamente comentarios con ocasión de cualquier noticia, con una desinformación o maldad patente, que obliga a ejercer esta acción judicial”, se explica en la querella.
En el caso de las acusaciones centradas en Alí, el nombre del autor de las mismas coincide con uno de los adjudicatarios en el proceso de Loma Colmenar, hecho que, de demostrarse, no haría sino remarcar ese ánimo de injuriar y de “exteriorizar esta maliciosa actitud en el entorno social con una información errónea y malintencionada”.
A ojos de los servicios jurídicos de la Ciudad, esta campaña de descrédito en facebook debe enmarcarse en todo ese proceso desencadenado tras la publicación de la lista fantasma y las posteriores resoluciones judiciales que no hicieron más que tumbarlas.
Las diligencias que se han pedido
Las diligencias que han sido pedidos al juzgado para su práctica pasan, primero, porque las fuerzas y cuerpos de seguridad adscritos a la Policía Judicial procedan con la máxima urgencia a la identificación de la IP desde la que se hicieron los comentarios que han sido objetos de esta querella, así como la identidad de los titulares. También se pide la identificación de quienes compartieron los comentarios, además de pedir una fianza de 9.000 euros (3.000 por cada querellante) en el plazo de 24 horas.
