Se ha hecho justicia. Por fin, tras meses de lucha dirigida por Caballas y DIGMUN, los 20 menores marroquíes a los que el Ministerio de Educación les estaba negando la escolarización podrán acudir al colegio.
La noticia se conoció ayer, poniéndose fin a meses de lucha e injusticia. Hasta el momento los menores estaban siendo atendidos por DIGMUN, que llevaba desde el año 2005 denunciando las situaciones irregulares registradas ya que a pesar de ser niños residentes en Ceuta el Ministerio les negaba la posibilidad de acudir a un centro escolar.
Caballas llevó el asunto a la Fiscalía y ayer ésta ordenó al MECyD que haga su trabajo y actúe en consecuencia, tal y como debía haber hecho hace años. La Fiscalía ha basado la demostración de que los menores están residiendo en Ceuta en los informes elaborados por la Policía Nacional a través del grupo específico de menores. Es lo que ha servido para tener una prueba que sustente lo que todos sabían pero que el Ministerio negaba. De hecho hacía más de dos meses que se había pedido tal verificación a la Policía Local, tal y como ya publicó El Faro, pero todavía no se había dado respuesta. Además existen los expedientes de cada uno de los 20 niños, con edades entre 6 y 16 años, que había elaborado Caballas al respecto y que trasladó al órgano fiscal.
Los localistas ven así el punto y final a lo que se había convertido ya en su objeto de lucha política, debido a la injusticia que se estaba cometiendo con estos menores extranjeros. Llevaron el asunto en varias ocasiones a Pleno, obteniendo la respuesta de la institución municipal de que se iba a comprobar la residencia de dichos menores. Así pasó el tiempo sin que nada se hiciera hasta que Caballas optó por acudir a la Fiscalía para instarle a que mediara en un asunto claramente discriminatorio que había llevado a una veintena de menores a verse atrapados en un círculo que les mermaba sus derechos. La denuncia, presentada en noviembre, ha tenido ahora su consecuencia con la orden dada por el Ministerio Fiscal al MECyD para que obre en consecuencia y los menores sean distribuidos en los distintos centros educativos de la ciudad, sin discriminación alguna en esos repartos, atendiéndose así al derecho universal de la educación del que debe disfrutar todo menor.
¿Quién se encargaba hasta la fecha de estos menores cuya situación ha sido harto denunciada en varias publicaciones? La asociación DIGMUN, encabezada por Maribel Lorente, que contaron con el apoyo de Al Idrissi para hacer uso de sus instalaciones en el centro cultural. De esta manera se estaba garantizando la formación a la que tenían derecho estos niños que, sorpresivamente, no podían acudir a los colegios a pesar de ser una obligación.
Una vez que Fiscalía comunique de forma oficial esta medida, el Ministerio tendrá que actuar en consecuencia, atendiendo a la situación en la que se encuentran los distintos colegios de la ciudad para respetar las ratios existentes.
El portavoz de Caballas, Mohamed Alí, se congratulaba ayer a través de las redes sociales del logro conseguido; el mismo sentimiento recogido por DIGMUN.
La pelota, de tejado en tejado durante meses
La solución a la problemática representada por estos menores no ha llegado hasta que el asunto fue trasladado a la Fiscalía. Se ha tenido que judicializar un caso que tuvo vías para ser solucionado, pero o no se quiso o, sencillamente, no importaba. La pelota se ha pasado de tejado en tejado, dejando situaciones tan llamativas como el hecho de que durante dos meses la Policía Local haya sido incapaz de responder a algo tan básico como confirmar que estos menores estaban residiendo en la ciudad. La Fiscalía se ha tenido que apoyar en documentos del Grume del CNP para verificar oficialmente que los menores están en Ceuta.
