Caballas interpelará en el pleno del próximo martes al Gobierno sobre las medidas adoptadas en el Tarajal, toda vez que la situación está empeorando cada vez más.El grupo localista ha presentado su pregunta buscando la respuesta de una institución que en otros plenos también ha abordado este asunto sin que se haya adoptado medida alguna en concreto.
“En la sesión ordinaria del Pleno de la Asamblea, correspondiente al mes de noviembre, Caballas elevó una propuesta con la intención de buscar soluciones a los gravísimos problemas de diversa índole que se están produciendo en la zona de la frontera del Tarajal. La respuesta del Gobierno fue muy decepcionante. Rechazó la propuesta, al amparo de una serie de argumentos muy débiles y desenfocados, sustituyendo los compromisos por una declaración de buenas intenciones”, denuncian los localistas. Visto que el panorama cada vez es más complejo, volverán a insistir en sus preguntas para calibrar la respuesta de la Ciudad.
“Ha transcurrido un mes desde entonces, y nos sentimos en la ineludible obligación de volver a tratar este asunto en el Pleno de la Asamblea, ante la evolución de los acontecimientos que, lejos de mejorar, empeoran por días. Las escenas de las llamadas avalanchas, las protestas de las organizaciones representativas de la Policía, y la desesperación de empresarios, clientes y vecinos en general, exigen una respuesta que el Gobierno no puede rehuir permanentemente”, añade la formación.
Caballas se va a interesar sobre si el Gobierno ha adoptado alguna decisión en este último mes para intentar solucionar los problemas de la frontera del Tarajal o sobre si tiene algún plan de futuro al respecto.
Al margen de este asunto en concreto, los localistas ya preguntaron al Gobierno sobre la posibilidad de abrir el paso de Benzú para, de esta forma, facilitar el tráfico de mercancías al existir dos puentes operativos. De aquel debate surgió la propuesta de abordar este punto en una comisión de trabajo que nunca llegó a constituirse al obtenerse el rechazo de la propia Delegación del Gobierno que fue artífice de su clausura debido a los altercados graves que sufrían los guardias civiles al verse apedreados por los pasadores de fardos.
