El máximo órgano judicial refrenda los fundamentos expuestos en el auto del juzgado instructor, que apunta a López.
Los magistrados Fernando Tesón, Rosa María de Castro y Emilio Martín han firmado uno de los autos más mediáticos, por esperados, que ha dictado hasta la fecha la Sección VI de la Audiencia Provincial. En torno a él había muchas expectativas. No solo de los propios afectados por el sorteo de las 317 VPO de Loma Colmenar sino también de la totalidad de los medios de comunicación. La clave estaba en saber qué postura iba a adoptar el máximo órgano judicial en la ciudad: respaldar el auto que dictara en septiembre el juzgado de instrucción número 3 y que secundaba el Ministerio Fiscal o contradecirlo, lo que hubiera satisfecho los recursos de los englobados en el círculo de la ‘lista fantasma’, tal y como la bautizó la propia Ciudad y la rebautizaron en los propios juzgados.
Todos los recursos contra el auto que denegó la suspensión del proceso de adjudicación han sido desestimados, haciéndose fuertes los fundamentos esenciales que motivaron la resolución de la magistrada Luccini a pesar de las presiones externas y críticas directas sufridas durante este periodo.
Los hechos objeto del procedimiento, que podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa, salpican directamente a la figura de Antonio López, defenestrado de por vida por un PP que desde que saltara la polémica optó por cortar relaciones con quien fuera su viceconsejero de Vivienda y mano fuerte en este ámbito.
En el auto de la Audiencia se alude a la publicación de la lista careciendo de cualquier soporte legal y es destacable que el tribunal considera “correcta” la calificación jurídica que hizo la magistrada instructora del presunto delito en el que habría incurrido Antonio López con su actuación en torno a estas viviendas. “Como exige el artículo 404 del Código Penal, la infracción de las normas habría sido tan grosera que se pondría de manifiesto la intención de las autoridades o funcionarios públicos que hubieran tomado parte en ello de una u otra forma de hacer prevalecer, por los motivos que sean, su propia voluntad sobre los designios del ordenamiento jurídico, como exige dicha infracción”, advierte la Audiencia.
En el auto se hace constar que en el caso de marras no solo “se está investigando si personas que desarrollaban funciones encomendadas a la Ciudad podrían haber realizado determinados actos a los que se les pretendía dar eficacia jurídica y éstos se amoldaban a las exigencias legales, sino que se pretende que se paralice su actuación en lo que toca a una promoción concreta de viviendas de protección oficial”, añade.
Respecto a la concurrencia de una apariencia de buen derecho de los recurrentes, la existencia de indicios de la comisión de unos hechos constitutivos de infracción penal de los que puedan derivarse consecuencias que se pretendan evitar o asegurar, la Audiencia entiende que “se diluye por completo”, que no se trataría de “perjudicados por la comisión del delito que podría haberse cometido” sino de “beneficiados por la comisión” del mismo. “El derecho o, al menos, la expectativa legítima del mismo que se tratan de arrogar sería su consecuencia directa, de ahí que no quepa tutela cautelar”, añade el órgano judicial.
De listas filtradas a llamadas y cobros adelantados
En el auto dictado por el juzgado de instrucción se hizo mención a los indicios en base a los cuales se atribuía al exviceconsejero López esa presunta prevaricación administrativa. Se aludió a los contratos nunca firmados de los supuestos adjudicatarios que tan solo llevaban la rúbrica de López, pero también de la filtración de una lista que pretendió hacerse validar así como de la existencia de un interés desmesurado no solo por ese filtrado, atribuido a López, sino también por llamar a los supuestos beneficiados para que acudieran a la sede de Emvicesa a firmar. También se hizo mención a recibos de entregas de dinero antes de que se filtrara la ‘lista del fantasma’.
