La Ciudad seguía ayer valorando el auto emitido por la magistrada que instruye el caso de ‘Loma Colmenar’, celebrando que la jueza haya dado la razón a las tesis que desde el primer momento sostuvo la institución municipal.
“Ha apreciado que la forma de proceder del Gobierno ha sido impecable”, expuso el portavoz del Ejecutivo, Jacob Hachuel, “ante las trazas de sospecha de una persona que quiso manchar la labor en promociones anteriores”, quiso puntualizar.
La postura judicial conocida parece chocar con el sentido que pudiera tener la comisión de investigación de carácter político aprobada, aunque el propio Hachuel insistió en que en su foro se tendrá que dar cuenta del contenido del auto para, después, aunque siga activa, valorar los pasos que habrá que dar.
Con el auto de la jueza todavía dando coletazos mediáticos, cabe valorar si pudieran existir responsabilidades políticas, ya que Antonio López figuraba con un cargo de cierta responsabilidad dentro del Gobierno. En este sentido Hachuel fue muy claro: “Responsabilidades políticas no las hay, salvo el error de haber nombrado a una persona no merecedora de ese apoyo, que se ha excedido en sus atribuciones y actuó incluso cuando ya estaba cesado”, aclaró a preguntas de los periodistas, en la rueda de prensa ofrecida al término del Consejo de Gobierno.
Hasta que el auto sea firme, fase que le corresponderá a la Audiencia Provincial en su Sección VI, se mantendrá la vigilancia policial en las 317 VPO. Una vigilancia que está costando su dinero, ya que los policías locales que de forma voluntaria se prestan a su realización cobran por ello; otros, en cambio, prefieren percibir esa gratificación en días libres. En total, según valoró Hachuel, la Ciudad se está gastando unos 7.000 euros en un mes. Una función con la que se pretende evitar que pueda haber ocupaciones dentro de las viviendas así como un deterioro causado por terceras personas.
Una vez que se conozca el auto de la Audiencia, se podrá hacer el sorteo aunque ésto no supondrá la entrega de las casas de inmediato, ya que después hay que cumplir un plazo de publicación oficial, de posibles impugnaciones y de valoraciones y comprobación de cada uno de los agraciados.
Más de 1.700 personas son las que optan a la obtención de una de estas VPO.
