Reconocía el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, que cuando habían tenido la oportunidad de poner encima de la mesa el blindaje de los convenios que se tienen con la Administración General del Estado el mismo Cristóbal Montoro sentenciaba que era una "acción justificada y razonable".
Desde el punto de vista justificado porque si las transferencias que recibe la Ciudad Autónoma atiende a necesidades estructurales también que el dinero que llega tenga carácter estructural. Y el segundo calificativo de razonable porque "la Ciudad tendría más autonomía financiera". De todas maneras, es una cuestión que ahora se debe estudiar por parte del departamento ministerial desde tres frentes distintos: técnico, jurídico y presupuestario.
En nuestra edición de ayer ya adelantábamos que la idea es que se pueda conseguir este blindaje introduciendo la idea en una de las más de treinta leyes que aún el Partido Popular quiere aprobar en las Cortes Generales antes de que se disuelvan las mismas y se convoquen las elecciones. Pero, por supuesto, en una ley que debe tener al menos una componente fiscal o económica que no deje en fuera de juego la intención que se abre.
