El Consejo de Ministros acordó ayer la formalización de los criterios de distribución de los fondos destinados a programas sociales desarrollados por las Comunidades Autónomas y por las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla. La distribución, que efectúa el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, abarca el Plan
Concertado, el Plan de Desarrollo Gitano y el Fondo contra la Pobreza (proyectos de apoyo a familias e infancia), todos ellos ya aprobados en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y de Dependencia. En el caso de nuestra ciudad debe recibir más de un millón cien mil euros aproximadamente.
La suma de tales fondos llega a casi 60 millones de euros. Pretenden impulsar proyectos de inclusión social para familias con hijos menores a cargo y en situación de dificultad, así como a personas en riesgo de exclusión. En el caso del Plan de Desarrollo Gitano, el objetivo consiste en promover y mejorar las condiciones de vida de la población gitana española, en campos como el empleo, la salud, la vivienda o la educación.
Dicho plan, que cofinancian las administraciones central y autonómicas, busca mantener la red de servicios sociales de atención primaria gestionada por las corporaciones locales, y así, proporcionar a la ciudadanía que lo requiera una segura cobertura de sus necesidades básicas. En líneas generales, el Plan Concertado agrupa servicios de información y orientación, de ayuda a domicilio y de apoyo a la convivencia, de alojamiento alternativo (especialmente para personas sin hogar) y de prevención e inserción social. Ello supone el mantenimiento de albergues, centros de acogida, comedores sociales, centros de día o pisos tutelados, entre otros servicios.
En el Fondo de Lucha contra la Pobreza, que aparece en los Presupuestos Generales del Estado, es la continuación del que creó el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en 2014. La cuantía para el presente ejercicio asciende a 32 millones de euros.
Componen el Fondo programas que hagan frente a la situación de familias que se encuentran en situación de privación material severa o en riesgo de pobreza, y con menores a cargo. Desde el sistema público de servicios sociales, se dará asistencia a tales familias, así como se favorecerá su inclusión sociolaboral. Asistencia que incluye proyectos para cubrir necesidades básicas de alimentación, de higiene o de ropa; promover el acceso a los servicios de salud y de educación (compra de material escolar, ayuda para comedor o transporte; y que apoya la cobertura de los gastos de la vivienda. También abarcan programas de mediación familiar o de atención socioeducativa a menores.
