La Ciudad dejó ayer en manos de Susana Román la difusión de la postura que se iba a adoptar ante lo que puede ser considerado ya como la primera ‘crisis’ en esta andadura política.
Y Román no defraudó. Y no lo hizo porque habló claro, respondiendo a todas las cuestiones de los medios de comunicación en un asunto espinoso en torno al cual se ha adoptado la única postura válida: acudir al juzgado. Será el próximo lunes cuando se presentará la denuncia para que se aclare, si el juzgado considera pertinente, quién está detrás de la filtración de una lista con nombres de adjudicatarios de VPO de Loma Colmenar que, además, no es ni oficial ni correcta. Pero si esto es grave, más lo es un asunto sobre el que no hay duda alguna porque son los propios funcionarios de Emvicesa los que lo han corroborado: que el cesado Antonio López ordenó que comenzaran a efectuarse llamadas a supuestos adjudicatarios para que acudieran a recoger las llaves y firmar el contrato, desobedeciendo así la orden contraria que la propia Román había dado. La deslealtad reconocida se suma a la necesidad de esclarecer una filtración para que así pueda conocerse el porqué existía esa lista y cómo se habían incluido unos nombres en la misma cuando ni siquiera se ha reunido la comisión local de la vivienda. No debe haber duda alguna en el ciudadano, el Gobierno está obligado a no dar ni un paso atrás en este asunto. A no darlo pero, además, a informar de cada novedad que haya al respecto para tranquilidad absoluta de una ciudadanía indignada con este tipo de situaciones que no sirven más que para aumentar el nivel y grado de maldad de los rumores.
