Fue uno de los sucesos más mediáticos del verano pasado. La barriada del Príncipe se convertía en escenario de una auténtica tangana cuando varios individuos acorralaron a los agentes de la Policía Nacional que se habían desplazado hasta una vivienda para detener a un varón por violencia de género.
Atendían una llamada de urgencia efectuada por la propia víctima, una mujer que estaba siendo maltratada en su hogar y que pedía auxilio policial. Lo que no se esperaban los zetas desplazados es que tras salir del hogar con el maltratador esposado, éste comenzara a pedir auxilio a gritos para que decenas de personas apabullaran a los agentes, consiguiendo así que el detenido, con las esposas puestas, escapara del lugar. De hecho, casi un año después, aún no ha sido localizado existiendo una orden de busca y captura contra su persona. Ayer, cuatro de esos hombres que consiguieron ser identificados por el CNP se presentaron en el Juzgado de lo Penal para asumir una condena por conformidad, tras reconocer su participación en un delito de favorecimiento de la evasión. Cada uno deberá pagar 730 euros de multa, después de haber sido condenados a 6 meses de prisión, aceptándose su sustitución por este pago. Además deberán indemnizar entre todos a dos agentes del CNP por los daños causados, haciendo frente al pago de 510 euros. Los acusados fueron condenados con la pena mínima, ya que este delito contempla máximas de hasta 4 años de prisión. El escrito de calificación inicial del Ministerio Fiscal los consideraba también criminalmente responsables de un delito de atentado que fue retirado tras el acuerdo alcanzado entre las partes. Un quinto acusado fue condenado al pago de 20 euros por incurrir en una falta de alteración del orden público ya que se concluyó que su participación en la algarada fue menor, reduciéndose únicamente a gritos porque cuando apareció en escena, el detenido ya se había escapado. El episodio que ayer encontró su condena judicial constituyó uno de los más sangrantes para la Policía Nacional, cuyos agentes estaban siendo plenamente aceptados en la barriada debido a los controles policiales, incluso a pie, que estaban y siguen realizando. De hecho la asociación de vecinos de la barriada condenó rápidamente lo sucedido. ¿Y en qué se tradujo aquella algarada? Participaron más de 40 personas que terminaron por acorralar a los agentes de radiopatrullas que habían acudido a atender la demanda de una mujer que denunciaba estar en riesgo. Lo que no sospechaban aquellos agentes es que al terminar el operativo, se verían literalmente arrinconados y reducidos por una masa de vecinos a los que se había encargado de ‘animar’ el detenido. Tres agentes resultaron heridos, aunque solo sobre dos se ha concretado una indemnización, pero además sufrieron el robo de algunas de sus pertenencias y dos vehículos oficiales sufrieron daños, extremo este del que se ha hecho cargo el seguro. En aquel escenario de tensión, se llegaron a proferir amenazas contra los agentes, diciéndoles que si se llevaban detenido al vecino no saldrían de allí vivos. Entre los objetos robados a los agentes figuraron los grilletes de una pareja de funcionarios, una defensa y hasta un cargador de una de las armas reglamentarias. El proceso judicial que ayer terminó con una conformidad pasó por varias etapas ya que en un principio se les acusó a los cinco imputados de atentado, llegando a pedirse hasta 4 años de prisión para algunos de ellos. La vista se llegó a suspender porque el Ministerio Fiscal modificó su calificación añadiendo para todos ellos una segunda imputación: el favorecimiento de la evasión. Ayer, tras largas negociaciones entre el Ministerio Público y las Defensas de los distintos acusados, se resolvió un acuerdo que pasaba por la retirada del primero de los delitos, el atentado.