El consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda, Antonio López, defendió la gestión económica que se había realizado en esta sociedad.
En respuesta al portavoz de Caballas, Juan Luis Aróstegui, sentenció que cuando se hizo cargo como director gerente de la misma existía una deuda aproximada de unos veintisiete millones de euros y que ocho años después se había conseguido reducir a un millón, con lo cual el saneamiento de la misma quedaba claro.
Además, indicó que todos los informes que solicita la legislación para que se pueda proceder a la aprobación de las cuentas figuraban en el expediente. Era una respuesta a una insinuación que había efectuado el mismo Aróstegui al aludir que "hasta técnicamente es imposible aprobar estas cuentas y lo mismo se meten ustedes en problemas penales".
En sus primeras palabras el representante de Caballas especificó que desde el comienzo de la legislatura habían pedido un saneamiento integral de la sociedad, pero que no les habían hecho caso en todo este tiempo. Además, incluso criticó el superavit que presentaban las cuentas de la Empresa Municipal de la Vivienda y que se situaban en unos cuatrocientos mil euros aproximadamente.
