Uno de los objetivos que se ha marcado el Gobierno autonómico es que el 'cheque-turista' debe salir antes del final de la presente legislatura.
Así lo entiende el ejecutivo presidido por Juan Vivas, a pesar de que como decíamos la semana pasada, están pendientes del informe definitivo por parte de la Abogacía del Estado del Ministerio de Fomento, que en un principio, en un contacto informal, entendía que no existían problemas.
Lo que si tiene claro el gobierno es que no se puede estar perdiendo más tiempo en este objetivo de traer más turistas a nuestra ciudad y que vendría acompañado con posterioridad con la potenciación en la bajada de distintos productos en relación al IPSI que abonan, de manera que sea atractivo el viaje hasta nuestra ciudad.
El 'cheque-turista', tal y como se formuló en un principio supondría una rebaja de veintidós euros en el precio del billete para el no residente, siempre que luego presentara para obtener ese descuento una compra por el mismo valor en establecimientos de nuestra ciudad.
De esa cantidad de veintidós euros, las navieras abonarían dieciocho, mientras que el Gobierno ceutí pondría dos euros y la misma cantidad los empresarios de nuestra ciudad. Incluso, el mismo presidente de la Confederación de Empresarios de nuestra ciudad, Rafael Montero Avalos, señaló hace un mes aproximadamente que el impacto que tendría esta medida en el comercio ceutí rondaría el millón y medio de euros.
El objetivo que se busca es doble: por un lado, que existan tarifas que permitan la llegada a Ceuta de personas que de alguna manera estén relacionadas con nuestra ciudad, como son el caso de familiares de residentes, de ceutíes que tienen familia pero que ya no residen aquí, eco... y con ello, se aprovecha para atraer a otro tipo de turismo peninsular.
Lo que si parece claro es que Procesa está ultimando el convenio que se rubricaría entre todas las partes y que el proyecto se pondría en marcha a lo largo del mes de mayo. De las tres compañías que navegan entre Ceuta y Algeciras, en el caso de Balearia, la misma ha sido la que más interés ha mostrado en sumase al proyecto siempre que se contara con las bendiciones por parte del Ministerio de Fomento, a la vez que Acciona-Trasmediterránea tampoco ve con malos ojos la posibilidad y la única que no se ha pronunciado ha sido FRS.
Una fórmula para que Fomento no ponga problemas
El 'cheque-turista' cuando se concrete será el resultado de las conversaciones que a lo largo del mes de enero mantuvieron el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, con el presidente de la naviera Balearia, Adolfo Utor. En un primer momento, ambos se encontraron para analizar la suspensión por parte de esta naviera de las ofertas que tenía destinadas a personas que de alguna manera tenían una relación con nuestra ciudad. Cuando el hecho en sí se produjo, fue el presidente Vivas el que solicitó a la naviera que volviera a instaurarlas, porque entendía que era un beneficio para muchas personas que querían venir a Ceuta porque tenían vinculación con la misma y donde los viajes a los precios de no residentes se les hacían prohibitivos. Igualmente, en una ocasión, ante los medios de comunicación si dejó muy claro que la Ciudad no podía hacer nada porque la voluntad era exclusiva de las compañías. Sin embargo, en ese encuentro entre ambos a primeros de enero Utor explicó que había sido Fomento la que había obligado a la eliminación de las tarifas como consecuencia de entender que entraban en contradicción con las bonificaciones a los residentes del cincuenta por ciento. Entre ambos nació la idea de esa fórmula, que luego se ha plasmado con el nombre de 'cheque-turista', donde se implicaban tanto las navieras, como los empresarios y la Ciudad Autónoma y fueron los servicios jurídicos de cada parte los que estuvieron buscando la mejor definición. Aún así, por lealtad, se comunicó al Ministerio de Fomento la intención que se tenía de ponerlo en marcha y en un principio no se venía ningún problema, pero hasta que la Abogacía del Estado no emita su informe definitivo, el departamento ministerial no hablará. Sin embargo, hay otros juristas que entienden que el acuerdo entre las partes que se quiere firmar no es competencia, bajo ningún concepto, de la Administración General del Estado.
