El pasado miércoles, el delegado del Gobierno, Francisco Antonio González, se lamentaba de la llegada de menores extranjeros que venían al albergue de La Esperanza como quien viene a un colegio mayor.
No le faltaba razón. El tanto por ciento de MENA que llega a Ceuta de la mano de sus propios padres es cada vez mayor. Con la incidencia de la crisis, ese aumento ha sido cifrado en un 10%, según las estimaciones oficiales. Se trata de menores extranjeros que cruzan la frontera del Tarajal de la mano de uno de sus progenitores, que luego regresará solo a Marruecos. El menor se queda en el centro para conseguir su crianza sin problema alguno. Esta situación, detectada desde hace años y denunciada incluso por sindicatos, asociaciones o la propia Ciudad, no se ha quedado estancada. Muy al contrario, ha ido a más. La imposibilidad de ejercer un control fronterizo como tal sobre el volumen de personas que entra en Ceuta convierte en imposible el ejercicio de un examen exhaustivo sobre los progenitores para evitar ‘abandonos’ que son consentidos. Esos padres nunca pierden la relación con sus hijos. De hecho mantienen el contacto y durante la celebración de las fiestas más importantes musulmanas esos MENA abandonan el centro para visitar a sus familias. Si González Pérez habló de “colegio mayor”, para los padres marroquíes conseguir que sus hijos estén atendidos en alguno de los centros de Ceuta es como ‘poner una pica en Flandes’. Si esta situación ha sido así siempre, ahora se ha agravado. La crisis tiene mucho que ver. Una situación que en Marruecos también castiga. Las necesidades de las familias son claras, su situación no mejora por eso intentan que alguno de sus hijos consiga cruzar al otro lado, sorteando las no demasiado complicadas fronteras de Ceuta o de Melilla (en la ciudad hermana la presión es incluso mayor). Un tanto por ciento de estos MENA reside en el centro sin cumplir con lo que da significado a su propio nombre. No son menores extranjeros no acompañados, muy al contrario, han acudido acompañados al centro e incluso se dan casos en los que se sospecha que pueden tener familia en la propia ciudad: otros residentes marroquíes que viven en Ceuta bien tras haber conseguido su regularización o que habitan uno de los pisos patera aún sin controlar por la administración. De igual forma hay un tanto por ciento de esos MENA que a pesar de haber llegado a Ceuta rechazan estar acogidos en La Esperanza. Al no tratarse de un centro de internamiento y al aplicarse la ley de protección al menor (y no por ejemplo la de Extranjería) no se les puede retener. Representan un 15% de los menores, son aquellos que duran escasos minutos en sus instalaciones y que a pesar de ser trasladados una y otra vez por la Policía hasta el centro de Hadú, vuelven a fugarse. Ponerle solución a esta problemática resulta imposible. Al menos con las leyes vigentes y el tipo de atención al menor que, por norma, debe prestarse en la ciudad. ¿Qué ocurre si esos MENA se ven implicados en algún delito con daños para particulares o en bienes públicos? Un asunto que se lo planteaba esta misma semana el delegado del Gobierno, apuntando a la próxima entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana para pedir responsabilidad a esos menores. En este caso sería a la propia institución municipal si ejerce su tutela (cosa que no se produce sobre todos los menores). No es necesario esperar a julio, mes en el que se aplicará la polémica ley que únicamente ha encontrado el respaldo del PP, para reclamar esa responsabilidad. Según fuentes oficiales, ante sentencias firmes la Ciudad ya hace frente a las responsabilidades económicas derivadas de acciones provocadas por menores bajo su tutela. Existe un pago riguroso siempre que se haya dictado sentencia en firme e incluso a esos menores se les aplica sanciones como, por ejemplo, la retirada o suspensión de algunos privilegios con los que cuentan.
