La ampliación del contrato de Trace encima de la mesa. Polémicas al margen, para el portavoz del Gobierno, Emilio Carreira, el fin perseguido por la Ciudad con la mejora de dicho contrato (que ha supuesto un incremento del 10% en el gasto) siempre fue el de que Ceuta estuviera más limpia.
Otros asuntos de debate enmarcados en las condiciones laborales forman parte de la disparidad de criterios que pueda haber entre Trace y los representantes sindicales de los trabajadores. Así quiso zanjar Carreira el plante de los trabajadores que el pasado jueves se manifestaron a las puertas del Palacio Autonómico. “La modificación del contrato fue una respuesta que dio el Gobierno atendiendo a la demanda ciudadana que quería una ciudad más limpia”, recordó Carreira al término de la rueda de prensa convocada tras el Consejo de Gobierno. “Nosotros vamos a hacer que se cumpla”, advirtió el popular, haciendo resumen de lo que tiene que suponer ese incremento del gasto: 52.000 horas más de trabajo, es decir, mayor prestación de servicios. Según Carreira, el cómo se garantice ese incremento de los servicios es cuestión que tiene que aclarar Trace, debiendo adaptar las condiciones laborales de los trabajadores a las necesidades existentes. “El objetivo no es que a determinadas personas les vaya mejor, sino que Ceuta esté más limpia”, puntualizó. “Son la empresa y los trabajadores los que tienen que arreglarse, porque nosotros sí vamos a exigir el cumplimiento del contrato”, añadió. Ese acuerdo tendría que alcanzarse ya para que el lunes pudiera ejecutarse la modificación del contrato. En ese cumplimiento se incluye más horas y durante todos los días, sin reparar, como servicio básico que es, si hay que trabajar en festivos, por ejemplo. “No todos los trabajos pueden hacerse solo de lunes a viernes, yo mismo he trabajado muchos domingos y muchas Nochebuenas y no me ha pasado nada”, resaltó. Por cierto que ayer Vivas se reunió con los trabajadores y éstos acordaron que el próximo martes iniciarán de nuevo la negociación para que 50 de fin de semana de la empresa Trace puedan pasar a desempeñar la jornada de 35 horas. Este encuentro improvisado vino motivado por las concentraciones convocadas por CSI.F, que, tal y como explicaron a este medio, los representantes de los trabajadores pedirán también que se cumpla el convenio para que el resto del personal de fin de semana se pueda ir beneficiando de ampliaciones.
REACCIONES: la crítica de Caballas, que amenaza con acudir al juzgado
“La Ciudad es el tercer socio de Trace, más que velar por el interés general cuida la cuenta de explotación de la empresa”
Caballas ha acusado al Gobierno de convertirse en el “tercer socio” de Trace. “Más que velar por el interés de la Ciudad, exigiendo la prestación del servicio de limpieza rigurosamente, se dedica a cuidar la cuenta de explotación de la empresa, ideando una y mil maneras de aliviar el trabajo para ahorrarle costes y multiplicar beneficios. Las evasivas y mentiras del Gobierno ante la interpelación de Caballas sobre los servicios de limpieza que prestan trabajadores de planes de empleo, colaboración social y empresas municipales, delatan, de una manera evidente lo que podría ser considerado una malversación de fondos públicos”, denuncia la coalición en un comunicado. “Pero aún es peor el juego de trileros que se traen entre manos Gobierno y empresa concesionaria con la modificación del contrato”, añade, ya que según los localistas, “esta maniobra, ya en sí de dudosa legalidad, se fundamentó en la contratación de más personal. Así quedó meridianamente claro en el informe del interventor y en el decreto del Consejero. Ahora, con la modificación firmada, se pretende sustituir el término claro e inequívoco de contratación de personal, por el de servicios realizados, de palmaria indefinición y nulo control (hace ya mucho tiempo que la Ciudad dejó de controlar el servicio). Lo que pretende la empresa, en definitiva, es que los 1,5 millones de euros anuales (12 millones en el total del contrato y 27 si se prorroga), vayan íntegramente a los beneficios empresariales”, critica. “Si el Gobierno autoriza y paga las certificaciones sin la comprobación fehaciente y rigurosa de la ampliación de la plantilla exigida, tanto el Gobierno como la empresa tendrán que explicarle al juez en qué se están gastando 1,5 millones”.
