Juicio contra un cirujano acusado de desatender a un paciente que murió tras ser operado
El 30 de septiembre de 2009 V.C.L., vecino de la ciudad, recibió una pésima noticia: tenía cáncer de colón. Seis días después se acordó, dada “la gravedad” de su estado, según valoraron los facultativos del Hospital Cruz Roja Ingesa de Ceuta, que fuera intervenido el 15 de ese mes de octubre, como así ocurrió. Tras la intervención quirúrgica pasó a planta, empeoró a los pocos días y terminó falleciendo en la UCI, tras otra operación, esta desesperada, el día 29. ¿Pero este desenlace fue por causa directa de su grave enfermedad o el funesto final se produjo por relación directa a una mala praxis médica?
Este es la cruda hipótesis que tratará de resolver la magistrada juez de lo Penal número Uno de nuestra ciudad, toda vez que en la jornada de ayer tuviera lugar la primera parte de un juicio que sienta en el banquillo a J.M.E., cirujano que efectuó la primera operación y quien se enfrenta a una petición del Ministerio Fiscal de dos años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión médica durante cinco años y que indemnice a la familia del fallecido en una cuantía por determinar, todo ello al considerar esta parte que quedó probado que incurrió en un delito de homicidio por imprudencia grave.
Por su parte, mientras la Defensa solicita la libre absolución del cirujano, al entender que procedió de manera rigurosa al cumplimiento de su deber, como así marca todo código deontológico médico que se precie, petición que fundamentará cuando tenga ocasión el término de la vista, la Acusación Particular difiere ligeramente de la petición elevada por Fiscalía y por el mismo delito sube a tres años y seis meses el tiempo de prisión, baja en uno la inhabilitación de su profesión y pone cifras concretas al dinero que, entiende, sería justo que la familia, los grandes sufridores de este episodio, recibiera. Así, pide que la viuda, presente en la sesión, reciba 115.035 euros, un hijo 19.000 y otro 9.500.
“Actué de manera correcta, realicé mi labor de manera rigurosa”. De tal manera se expresó ayer en la sesión judicial el cirujano que atendió y operó al paciente, un doctor que ya a día de los hechos presentaba una hoja de servicios tan extensa como reconocida, tanto dentro como fuera de su ámbito, como coincidieron en apuntar para ‘El Faro’ fuentes cercanas del caso. Actualmente, cerrado el Hospital Cruz Roja, J.M.E., sin antecedentes penales de ningún tipo, sigue ejerciendo en Ceuta, en concreto en el Hospital Universitario. Así, a preguntas tanto del Ministerio Público como de los respectivos letrados, el médico valoró que el paciente presentaba un cuadro médico grave, “con un cáncer de colon que presentaba riesgos sistemáticos”, circunstancia que ponía de relieve la delicada operación que había que realizar y, por ende, el riesgo que la misma entrañaba.
“¿Una vez operado el paciente y pasado a planta para que se recuperara, era usted la persona que debía seguir la evolución del enfermo?”, cuestionó, con tino, la representante de Fiscalía, punto este que se prevé trascendental para el desarrollo y resolución del caso. “Seguía su evolución cuando estaba de guardia, cuando a mí me competía estar atento al paciente y no atendiendo a otros nuevos”, valoró el doctor. Esta respuesta abrió nuevas hipótesis: ¿Contaba el Hospital Cruz Roja Ingesa de Ceuta con los medios personales suficientes como para satisfacer las necesidades de la población? De índole más política que sanitaria, la respuesta más sustancial al respecto fue la que aportó, vía videoconferencia, un médico, jefe de planta, que entró a trabajar en Ceuta en 2012, ciudad de la que se marchó dos años después: “A fecha de los hechos enjuiciados, yo no estaba en la ciudad, pero en el Hospital Universitario, un centro moderno, tal vez hacía falta más plantilla”, dijo.
“Desde que se operó, la evolución del paciente se apuntaba en una ficha”, indicó también el acusado, circunstancia que –su Defensa había aportado debidamente el parte médico– probaría que el enfermo no estuvo desatendido desde que fue intervenido hasta que falleció, todo ello en un intervalo de catorce días de los que, tristemente, no salió ya del centro médico. “Yo firmé ese parte, sí”, señaló la médica que rubricó el historial definitivo del paciente V.C.L., “y ahí está detallado todos los pasos que experimentó el paciente, con cada tratamiento incluido”. “Tras la operación, que era imprescindible, el paciente seguía grave y luego, al pasar a la UCI, en estado crítico porque para mí toda persona que pasa a esta unidad está crítica”, consideró para añadir al respecto que “el enfermo presentaba efectos a nivel sistemático, es decir, que aunque no todos los órganos estuvieran afectados sí que todos estaban amenazados”. “El paciente tenía una impresión de gravedad, como detectamos a simple vista los médicos”, concluyó al respecto.
A la espera de que la sesión oral tenga una segunda parte, el juicio quedó suspendido, pasos previos para que la Justicia esclarezca un caso doloroso que se remonta a 2009, a aquel mes de octubre en el que un vecino de la ciudad encontró, por enfermedad o por negligencia médica, la muerte en el hospital.
Fiscal: “Desatendió sus deberes y omitió el control debido de la evolución del paciente”
El Ministerio Fiscal entiende que al paciente, V.C.L., se le diagnosticó cáncer de colon el 30 de septiembre de 2009, acordándose el 5 de octubre que sería intervenido del mismo el 15 de ese mes. Dicho día el paciente fue operado por el acusado en el Hospital Cruz Roja Ingesa de Ceuta, previa realización de pruebas pertinentes, “que arrojaron unos resultados normales”. La operación consistió en una recesión del colon para quitar el tumor y dejar una ileostomia provisional, “que se llevó a cabo satisfactoriamente”.
Así, según el relato fiscal, durante los días siguientes el paciente estuvo en planta y el día 20 comenzó a encontrarse mal, y ante esa situación, el doctor (el acusado), responsable del postoperatorio “desatendió por completo los más básicos deberes de diligencia que le impone su profesión y omitió el control debido de la evolución del paciente, al que solo fue a ver el día 23 de octubre, manifestándole que estaba estable, como así se reflejó en el informe de hemodinámica de dicho día”.
La situación del enfermo llevó a que tuviera que ser ingresado en la UCI el día 24 de ese mes de octubre, “donde mostró fracaso renal, signos de sepáis, respuesta inflamatoria sistemática e hipotensión marcada, procesos que requieren un desarrollo en tiempo superior a 24 horas”, considera el Ministerio Público.
Finalmente, el 26 informaron al paciente de la existencia de una infección, inicialmente localizada, tratándolo con antibióticos. Ante el empeoramiento, tres días después decidieron intervenirlo de nuevo, siendo la causa intermedia una broncoaspiración que le provocó un paro cardíaco.
Estos hechos son constitutivos, tanto para el Ministerio Fiscal como para la Acusación Particular, a diferencia de para la Defensa, de un delito de homicidio por imprudencia grave de los artículos 142.1 y 1 del Código Penal.
