Hace aproximadamente tres semanas el consejero portavoz del Gobierno compareció ante los medios de comunicación para informar sobre un conjunto de medidas que tenía proyectado poner en marcha el ejecutivo presidido por Juan Vivas y que tenían como objetivo ayudar a mejorar la situación que cada día se repite en los polígonos del Tarajal con la intención de pasar la mercancía por el puente del Biutz.
Una de estas medidas consistía en montar un servicio de vigilancia en el propio puerto para realizar un control más exhaustivo a la hora de la entrada de la mercancía que se considera ropa usada o bien ropa extracomunitaria que proviene desde países del lejano Oriente y sobre los que existe un convencimiento demostrado que tiene una base importante de fraude fiscal. Se entiende que es una medida que ayudaría a rebajar esa cantidad de ropa que entra en Ceuta y rebajaría la tensión en el Biutz. Con ello también se está en trámite una elevación de la ordenanza fiscal del IPSI para la ropa extracomunitaria con el objetivo final de desincentivar de que la misma venga por Ceuta, no en vano ya han existido quejas por parte de Marruecos. Estas medidas, tal y como se explicaron, venía como consecuencia de las reuniones que días anteriores habían tenido el mismo presidente Vivas con empresarios de los polígonos. Sin embargo, en la jornada de ayer se presentó una nueva asociación de comerciantes de los polígonos, quienes afirman que representan a un total de doscientos empresarios y que manifiestan que no son favorables a estas medidas que está poniendo en marcha la Ciudad Autónoma. Aquí algo falla, porque si los empresarios son los primeros que no se ponen de acuerdo, difícil lo va a tener la Ciudad. De todas maneras, nadie estará en contra de lucha contra el fraude fiscal sea por una u otra razón.
