El incendio que el pasado 9 de julio arrasó 35 hectáreas de vegetación en García Aldave se cebó con un área de monte integrada en la Red Natura 2000 y preservada por la UE bajo la doble consideración de ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves) y LIC (Lugar de Interés Comunitario).
Las llamas, contra las que los efectivos del SEIS tuvieron que emplearse durante 16 largas horas, arrasó masas mixtas de pinos y eucaliptos, matorrales autóctonos (jaral brezal, ergenal) y exóticos (acacias); formaciones de vegetación de ribera (sauceda, espinales, zarzal, helechar), alcornocales...
La Consejería de Medio Ambiente está desde entonces inmersa en las labores de recuperación de los terrenos. El objetivo no es otro que intentar devolverlos cuanto antes a su estado original, aunque esa tarea, asume, requiera invertir un buen puñado de años. Entre las medidas figura la prohibición expresa de toda actividad de pastoreo sobre la superficie afectada. La recomendación la formuló Obimasa en el informe redactado sólo unas semanas después que se produjese la que entonces se consideró la mayor catástrofe medioambiental en la ciudad desde el verano de 1993. Y lo hizo atendiendo a la legislación que regula la respuesta administrativa en ese tipo de sucesos.
En total, Medio Ambiente ha informado ya –de forma directa o esta semana a través del Boletín Oficial de la Ciudad– a los titulares de las once parcelas devastadas por las llamas, entre particulares, sociedades y el Ministerio de Defensa. A todos ellos les advierte de que queda totalmente vetado el paso de ganado por sus propiedades durante cinco años, en el caso de especies ovinas, y diez si se trata de caprinas.
El informe elaborado en su día repasa también los efectos ecológicos del incendio sobre la vegetación, el suelo, la biodiversidad, los cauces, el paisaje e incluso el microclima, además de las pérdidas materiales y económicas, con especial incidencia en la destrucción o alteración del hábitat natural.
