El presidente de la Confederación de Empresarios (CECE) Rafael Montero Ávalos, considera que la advertencia que la Delegación del Gobierno les ha lanzado a los propietarios de los polígonos del Tarajal de retirar la UIP de la Policía Nacional si se reduce el número de auxiliares de seguridad “no tiene ni pies ni cabeza”.
Asi lo ha explicado a su paso por el programa La Voz del Faro de COPE Ceuta, en el que ha subrayado que la “amenaza” de la Delegación “es una barbaridad” y que es obligación de la Administración el “garantizar” el orden público en un lugar por el que transitan miles de personas de lunes a viernes. “Quien tiene que garantizar que ese paso sea seguro y fluido es el delegado ¿Qué pasaría si en una tienda del centro un comerciante retirara el viser de la puerta? ¿También la Ciudad retiraría la Policía Local de las calles? Pues esto es exactamente lo mismo”. En cualquier caso confía en que la razón se imponga, “porque ahora tenemos un coordinador que hace de enlace y todo tiene que ser más fácil y fluido en un sitio tan complejo y es posible poner orden con el entendimiento de todos”.
En su opinión, el hecho de que los empresarios cuenten ahora con una seguridad privada, a cuya empresa quieren rescindir el contrato por motivos económicos a finales de mes,es solo para “echar una mano” a los agentes de la UIP, que hasta el mes de febrero se valían de los denominados plantos, para colocar vallas, traducir y ordenar las colas. “Es solo una ayuda, pero quien tiene que de verdad hacer ese servicio es la UIP o la Guardia Civil porque lo que allí se da e sun problema de orden público”.
Montero estima que el recorte de horario en el puente del Biutz para pasar bultos a Marruecos, ha motivado que aumente “de manera exponencial” el número de porteadores, “y ya no sabemos si hablamos de 15.000, 20.000 o 30.000 personas”. Eso es, dice, lo que está provocando “aglomeraciones, tapones y Dios quiera que no ocurra lo más mínimo para que a aquello se le eche el cierre y veremos a ver que es lo que ocurre con las 200 empresas que están instaladas en el Tarajal”.
“20 millones en 8 años no es un gasto disparatado”
Montero Ávalos echa cuentas acerca del gasto que ha supuesto para el Ministerio de Interior disponer de manera permanente en los polígonos un servicio de la Unidad de Intervención Policial. “Si ha sido 20 millones desde 2006”, afirma en alusión al dato publicado por El Faro días atrás, “el coste es de unos dos millones de euros al año, que tampoco es una cifra tan disparata y que además hay que verla como una inversión en seguridad y a la que tampoco debería hacer frente exclusivamente el Estado español sino que la UE también tendría que contribuir económicamente”.
