El fiscal general del Estado ha mostrado su preocupación por los riesgos que “acechan” a los niños inmigrantes que llegan a Ceuta, Melilla y las provincias andaluzas en embarcaciones, a manos de adultos que dicen ser sus padres. En la memoria oficial presentada esta semana y correspondiente al ejercicio 2013, la Fiscalía denuncia los peligros
de estos menores que pueden ser introducidos por adultos que no son sus padres biológicos para terminar en manos de las mafias.
Desde hace meses, el Área de Menores en coordinación con la Fiscalía ceutí se coordinan para ejercer un control sobre todos los menores inmigrantes que llegan a Ceuta. Un control que persigue saber si el adulto que les acompaña es su padre o madre biológico, al objeto de garantizar una protección debida para evitar que terminen funcionando como ‘niños ancla’, es decir, menores que son empleados para facilitar el pase de mujeres como si fueran sus madres cuando, en el fondo, son explotadas por las mafias para introducirlas en el negocio de la prostitución. Esos niños volverán a ser empleados como señuelo en otras travesías ya que son retornados a otros puntos de África por las organizaciones delictivas.
Durante todo este tiempo, se han hecho pruebas a menores sirios y subsaharianos. Todos, de momento, son hijos biológicos de los padres que los introdujeron en Ceuta. Algo que, por ejemplo, no ha sucedido en Melilla, ciudad en donde la Benemérita ha localizado incluso dentro del CETI a menores que sirvieron de señuelo.
Según la Fiscalía General del Estado, persiste hoy esa “preocupación” por lo que pueda pasar en estas ciudades en donde “se ubican centros de acogida humanitaria, ante los graves riesgos que acechan a los niños que acceden en patera sin identificación y en compañía de mujeres o adultos que no acreditan vínculos de filiación o parentesco”, reseña.
Tal y como reconoce la Fiscalía, el proceso de identificación ha mejorado con el Registro de MENAs, y con la realización de pruebas de ADN en los términos del Dictamen 2/2012 de esta Unidad, pero, advierte, “sigue siendo lento”. Es por ello que propone se imponga “una mejor coordinación entre los organismos implicados en la identificación y el seguimiento de los riesgos, así como la superación de reticencias a la hora de adoptar medidas cautelares de protección para evitar la desaparición de los niños antes de la identificación y/o constatación de vínculos”, indica.
En la memoria se alude además a la dificultad para las repatriaciones de menores extranjeros no acompañados a Marruecos. Algo que, a pesar incluso de las peticiones cursadas por la propia Delegación del Gobierno, no se ha logrado. De hecho el propio Francisco Antonio González Pérez se entrevistó en Madrid con Eduardo Torres Dulce para abordar este asunto. “Otro año más el procedimiento de repatriación se erige en una figura jurídica cuasi–ornamental con escasísima trascendencia práctica”, lamenta el fiscal general del Estado. Dado que la mayoría de los menores extranjeros no acompañados tutelados por las autoridades españolas son de origen marroquí, Torres Dulce critica la falta de una respuesta de las autoridades del país vecino sobre estos menores. Concretamente destaca que “a pesar de haberse presentado a las autoridades marroquíes por el Cuerpo Nacional de Policía una relación pormenorizada de MENAs que podrían ser repatriados al amparo del Acuerdo entre España y Marruecos, a día de hoy no se ha obtenido respuesta alguna”. Este acuerdo bilateral se firmó en Rabat el 6 de marzo de 2007, fue aprobado por el Consejo de Ministros el 18 de marzo de 2008 y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 22 de marzo de 2013.
