El sector público ha sido uno de los más golpeados por la crisis económica que ha zarandeado este país en los últimos años. Se han congelado sueldos, se han eliminado de un plumazo sociedades públicas, se han suprimido pagas extraordinarias y, sobre todo, se ha reducido la sustitución de plantillas, en el mejor de los casos, a una mínima expresión del 10 por ciento del número de jubilaciones y bajas registradas cada año.
Los sindicatos protestan contra lo que consideran un atentado contra las bases del Estado del Bienestar y claman contra los continuos ajustes decretados por los últimos inquilinos de La Moncloa, del PSOE y del PP. Los datos que maneja el propio Gobierno central revelan que en los últimos cinco años –desde 2009, considerado por los expertos el arranque del lustro más oscuro de la economía española– han desaparecido de las plantillas de la Administración Pública, contando la central y todos los organismos autonómicos, casi 86.000 empleados públicos. La cifra global ha descendido en torno al 3,5 por ciento. En Ceuta, sin embargo, el recorte ha sido mínimo, con una reducción de apenas el 0,67 por ciento. En enero, según las cifras oficiales, entre todas las administraciones públicas sostenían a 9.721 funcionarios o personal laboral, tan solo 66 menos que en 2009. La cifra está muy lejos de comunidades como Extremadura, que ha visto cómo se esfumaba en ese mismo periodo hasta el 6 por ciento de su plantilla de empleados públicos. Las cosas, pese a reconocer el retroceso sufrido, parece que marchan algo mejor a este lado del Estrecho. Eso no oculta, no obstante, que la crisis haya dilapidado derechos y apretado cinturones. Como en todos los sectores.
