El delegado del Gobierno, Francisco Antonio González, y el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, se reunieron ayer durante casi dos horas para abordar la manera en la que se puede dar una solución al campamento integrado por más de ochenta sirios que se asienta desde hace más de un mes en la plaza de los Reyes.
Una reunión ésta que no trascendió a la prensa de manera oficial pero que supone una más en la hilera de encuentros que se está teniendo, a distintas bandas, desde la semana pasada. Todas ellas con una única preocupación: ver de qué forma se puede dar una solución al que se está convirtiendo ya en uno de los campamentos más estables de los organizados en pleno corazón de la ciudad.
Delegación del Gobierno no ha escondido, hasta la fecha, su postura. La institución de la plaza de los Reyes se cierra en banda y considera que quien debe actuar es la Ciudad Autónoma por cuanto se está produciendo una ocupación de suelo público y existen unas ordenanzas que cumplir. Por su parte, la institución municipal enfoca el asunto bajo el prisma de la Ley de Extranjería y concibe que, al margen de un problema de ordenanzas, existe también una problemática migratoria que debe cumplirse. Los sirios (han entrado más de 150 en lo que va de año cruzando de manera ilegal el Tarajal) denuncian que en el CETI no pueden estar porque no reúne condiciones para sus mujeres y niños, algo a lo que, por pura competencia, no puede responder la Ciudad.
Ante las posturas enfrentadas entre una y otra administración, aparece un problema que, hoy por hoy, se presenta como la clave de todo este entuerto. ¿Se considera este grupo de casetas que ha dado forma a un auténtico campamento un “domicilio”? De ser así, se requeriría una autorización judicial para que las fuerzas de seguridad pudieran intervenir en un hipotético desalojo de lo que tiene ya consistencia de infraestructura.
La Jefatura Superior del Cuerpo Nacional de Policía, erigida en asesora directa en este asunto del delegado del Gobierno, considera que no debe intervenir y que es un problema puramente municipal pasando la pelota al tejado de la Policía Local.
Por su parte, la fuerza de seguridad municipal, que mantiene unidades fijas de la Policía Local durante las 24 horas a modo de vigilancia, se niega a intervenir en el campamento si no hay una orden judicial que avale la retirada de las casetas. No es absurda su preocupación. En 2007 el Tribunal Supremo dictó una sentencia que ha sentado jurisprudencia, en base a la cual se consideró ilegal una intervención policial en la Cañada Real después de que se hubiera actuado en una cabaña, ya que la misma era considerada “domicilio” y por tanto era “inviolable” sin mandato judicial previo.
Ante este escollo, se han pedido informes a la Secretaría General del Ayuntamiento y a la Abogacía del Estado para que aporten su opinión sobre si el campamento sirio y, en concreto, las casetas que ocupan las distintas familias serían consideradas ya un “domicilio” por cuanto se trata de habitáculos ocupados por personas en donde se desarrollan actividades íntimas; es decir, una forma análoga al domicilio.
De lo que se especifique en esos informes resultará la actuación policial oportuna, siempre y cuando exista una orden judicial que avale la posterior actuación que debería ejecutar la UIR de la Policía Local y que se centraría únicamente y exclusivamente en la retirada de las casetas.
Respecto a la retirada de los menores, de momento el Área municipal no ha emitido un informe en el que se indique que se encuentran en mal estado de salud; un paso necesario para que la Fiscalía diera el visto bueno a una actuación policial que, en este caso, sería llevada a cabo por el GRUME del Cuerpo Nacional de Policía. De momento este extremo ni se baraja ya que de las continuas rondas que llevan a cabo por el lugar los trabajadores del Área no se ha derivado informe negativo alguno.
Los sirios, por su parte, desecharon el pasado viernes la propuesta de la Ciudad de proceder al traslado de las mujeres y los niños a un hostal para evitar que permanecieran en la calle. El colectivo prefiere mantenerse unido, siguen recogiendo firmas y reclaman que su único deseo pasa por poder marchar a la península.
A través de la plataforma digital change.org se ha iniciado una campaña de recogida de firmas ciudadana denunciando que el CETI no reúne las condiciones para acoger a familias y, mucho menos, a menores de edad.
