Las condenas judiciales a funcionarios de los cuerpos de seguridad acostumbran a ser espinosos. Lo son fuera y dentro del propio Cuerpo debido a la mala imagen que generan y a la consabida alarma social que se deriva como consecuencia del incongruente cambio de papeles que convierte al bueno en amigo de los malos.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) no permanece ajena a esta situación y, sin evitar mirar hacia otro lado, hace pública la necesidad de endurecer las leyes para que sean más contundentes contra funcionarios y políticos corruptos “porque los ciudadanos no pueden percibir que todo sale gratis”, indican.
Una denuncia que se hilvana directamente con una noticia que esta misma semana llevó a portada El Faro: la Audiencia granadina condenaba a un agente de la Guardia Civil después de que éste se conformara con la pena lo que supone asumir su implicación en el delito, en este caso, el de colaboración con una banda de narcotraficantes.
“En la Guardia Civil no se puede acceder con antecedentes pero si eres narcotraficante y guardia civil o funcionario y te condenan es posible que puedas seguir siendo guardia civil. Esto es una incongruencia, un absurdo que debe corregirse. ¿Qué hay que hacer primero ingresar y después hacerte delincuente?”, critica la asociación.
No solo pasa esto en el Instituto Armado. Hay un sinfin de casos de policías locales o nacionales condenados en firme por delitos que no llevaban pareja una inhabilitación y que, tras cumplir la pena y el consabido expediente vía aplicación del régimen interno, siguen en el Cuerpo.
“La sociedad está sobrecogida con la corrupción política y policial y mucho más con la respuesta y castigo que estos delincuentes metidos a servidores públicos reciben de la sociedad. Lo lógico sería tener menos mano dura contra los pobres y los desahuciados de los pisos y más contra la corrupción política o policial”, denuncia AUGC.
“Si el Consejo de Ministros del viernes advirtió de que ninguna persona condenada por delitos relacionados con abusos de menores puede trabajar en colegios o centros relacionados con menores, nosotros pedimos al Gobierno normas que impidan a los guardias civiles corruptos seguir en la Guardia Civil e igual trato para el resto de funcionarios”, apostilla.
Los hechos van en contra de las inquietudes de la asociación. Se han dado múltiples casos de condenas que no se han traducido en lo que pretende la AUGC, que debería llevar consigo una reforma a todos los niveles para evitar situaciones de este tipo.
“Mientras hay compañeros que se juegan la vida persiguiendo a narcos, o son agredidos tanto física como verbalmente e incluso sufren la quema de sus coches, otros guardias civiles se dedican a favorecer a narcotraficantes con condena en firme por ello y encima los buenos compañeros tienen que acompañarles de servicio. Eso no puede ser”, denuncia.
AUGC no habla sin razón. En el año 2005 tres guardias civiles fueron embestidos por una lancha de narcotraficantes. Aquella imagen pasará a la historia mediática, ya que la patrullera que ocupaban los componentes del Servicio Marítimo quedó completamente destrozada y sus agentes malheridos. El juicio tardó en celebrarse y al final la resolución de los tribunales no hizo justicia con el daño sufrido. Aquellos agentes tuvieron que dejar la Guardia Civil por enfermedad. Eran guardias jóvenes que se enfrentaron en un cuerpo a cuerpo en el mar con narcotraficantes que terminaron por anular sus vidas.
“La cartilla del guardia civil habla de honor y honradez y el himno también, pues en eso desde AUGC no solo estamos conformes sino que además apoyamos la frase siempre honrada la Guardia Civil, siempre honrada ella y los guardias civiles”, aclara. La apoyan, eso sí, pero en su máxima extensión y aplicación, sin que se permitan situaciones cuando menos insultantes para los compañeros pero también para la ciudadanía.
“Mientras millones de españoles están en el paro y sin nada que llevarse a la boca, no puede haber, por honradez, funcionarios públicos pagados con los impuestos de todos traicionando no solo a estas personas sino a toda la Guardia Civil y a los ciudadanos. Nos parece anormal y una vergüenza para todos los guardias civiles y ciudadanos”.
La alarma social es el arma en la que se basa el Instituto Armado para actuar contra los agentes en intervenciones concretas que llevan a cabo. En los casos de agentes condenados en firme por asuntos de tanto impacto social y mediático como es el narcotráfico, “los mandos deben intervenir con el ministro para evitar el descrédito de la institución”, piden.
