La Sociedad Municipal de Fomento (Procesa) ha sido protagonista de uno de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno al decidir que la misma sirva de órgano de coordinación para la unidad de mercado.
Este acuerdo, adoptado a propuesta de la Consejería de Hacienda, Economía y Recursos Humanos, ha recibido el visto bueno como primer paso hacia el objetivo de adaptar la normativa local a la nacional.
En cuanto este asunto, se trata de adaptar las normas de nuestra ciudad a la nueva legislación nacional con la que se pretende alcanzar la unidad de mercado, de modo que los requisitos que tienen que cumplir los empresarios sean similares en toda España, según explicaba ayer el consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno, Emilio Carreira.
Así, por ejemplo, se trata de que si en la normativa nacional han desaparecido las licencias previas, que las normas locales o autonómicas no impongan otros requisitos. Para ello, el Gobierno central aprobó el pasado diciembre la Ley de garantía de la unidad de mercado.
El trabajo que se ejecutará ahora por parte de los técnicos de Procesa será el repaso de numerosas ordenanzas municipales que están obligadas a adaptarse a esta decisión que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy.
La sociedad municipal supervisará también las inversiones
La próxima desaparición de la Gerencia de Infraestructuras y Urbanismo (GIUCE) ya trae consigo una serie de cambios en la misma estructura de la administración local. Por ello, en el Consejo de Gobierno de ayer se aprobó que Procesa sea la encargada, a partir de ahora, de coordinar los proyectos urbanísticos.
Se trata de crear una oficina formada por técnicos de Procesa, de la GIUCE y de otras áreas de la Administración local para la coordinación y supervisión de proyectos urbanísticos. En definitiva se trata de potenciar el área de Proyectos que ya existía en la Sociedad Municipal de Fomento desde hace años.
La tarea recaerá en la sociedad de fomento con el fin de hacer frente a la próxima disolución de la Gerencia de Infraestructuras y Urbanismo. Entre estas obligaciones estará igualmente la supervisión y control del plan de inversiones de la Ciudad Autónoma.
