Toda esta polémica entre la Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma se circunscribió según las versiones de las dos instituciones simplemente a unos razonamientos jurídicos por parte de los técnicos de ambos lados. Así lo señalaron tanto el presidente de la Ciudad como el delegado del Gobierno cuando por parte de esta institución se anunció que se llevaría ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la aprobación definitiva de la Ordenanza de Habitabilidad.
Toda la polémica se inició con una moción que fue presentada en su día por Caballas y que quedó recogida por el Gobierno, que la plasmó en una nueva Ordenanza. Estábamos en el mes de enero y unas semanas después la Delegación decidió que sus servicios jurídicos entendían que no era legal la concesión de agua y luz a vivienda que no tienen todas las bendiciones legales. Se hizo una alegación a la Ordenanza y desde los grupos se trabajó aceptándose la alegación y cambiándose el texto. Sin embargo, cuando se aprobó de manera definitiva, la representación de la Administración General del Estado seguía entendiendo que se continuaba vulnerando la ley, llevando el tema al TSJA y proponiendo la suspensión cautelar, lo cual no le ha sido concedida.
