Para esta organización política, el gobierno del PP con la aprobación del Anteproyecto de ley de seguridad ciudadana, traspasa una línea roja peligrosa “ya que la norma es un ataque frontal a principios democráticos y supone un intento de criminalizar la discrepancia y la movilización social”. Para EQUO-Caballas el gobierno no se conforma con recortar derechos sociales fundamentales, como lleva haciendo desde que llegó a la poder, y ahora pretende silenciar a la ciudadanía e intentar que no se escuche su voz ante estos ataques, tomando medidas para intimidar el activismo.
EQUO-Caballas tacha de ridícula e impropia del siglo XXI la incorporación de una sanción, de entre 1.001 y 30.000 euros, por las "ofensas a España, las comunidades autónomas, entidades locales y sus símbolos, instituciones”.
