El Gobierno de Ceuta ha apoyado la propuesta de déficit para las administraciones autonómicas que ha presentado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, al que ha acudido en representación de la Ciudad Autónoma el consejero de Programación y Relaciones con otras Administraciones, Francisco Márquez.
“Ceuta está absolutamente comprometida con los esfuerzos del Gobierno para implementar las reformas imprescindibles para salir de la crisis, y volver a un escenario económico de generación de actividad y de empleo, y por tanto ha querido hacer visible ese compromiso leal y responsable”, ha explicado Márquez al término de la reunión.
El panorama al que se enfrentan los responsables de las finanzas de las administraciones públicas es “dramáticamente” diferente al de hace un año en términos de mejora. “Hace un año la mayoría de los partidos y analistas económicos exigían que se pidiera el rescate de España, y hoy el país es de nuevo considerado solvente y se financia con tranquilidad en los mercados internacionales”, remarcó Márquez. Y a ello han contribuido, precisamente, las decisiones que se ha ido adoptando en el CPFF, como la reducción del déficit estructural, la consolidación fiscal o de los objetivos de estabilidad presupuestaria en la primera ley orgánica del Gobierno, y una balanza exterior que ahora arroja números positivos, lo que significa que “ya no nos financiamos en el exterior”.
y reducimos el conjunto de nuestra deuda”. En definitiva, “las autonomías ya son el problema de la economía española, pero hay que proseguir con el esfuerzo”, recordó el consejero.
Así, se han establecido objetivos diferenciados de déficit para las comunidades autónomas en 2013 (una circunstancia que no afecta a Ceuta) para situarlo en 2014 en el 1%; en 2015, en el 0,7% y en dos décimas en 2016. Para el conjunto del Estado el límite de déficit público para este año esta situado en el 8,5% y está comprometido con la Unión Europea situarlo por debajo del 3% en 2016.
Otra iniciativa anunciada por el Ministerio en el CPFF ha sido el informe remitido al Gobierno sobre la Ley de Control de la Deuda Comercial del Sector Público, que impondrá la obligatoriedad a las administraciones de pagar sus facturas en un plazo de 30 días, en palabras de Márquez, “una gran noticia para los proveedores de las administraciones”. Para ello, según ha explicado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a los consejeros, los interventores de los
