Duro castigo el que da CEAR en su informe anual al Gobierno por su mala utilización del instrumento del asilo. No es la primera entidad que llama la atención sobre lo que está ocurriendo en el país y, de manera específica, en Ceuta y Melilla. Lo hizo el Relator de la ONU tras la visita girada a la ciudad así como los funcionarios de Acnur, además del propio Defensor del Pueblo y distintas oenegés que han alertado sobre la degeneración que se está produciendo en este ámbito.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado es contundente y señala que en el caso concreto de Ceuta y Melilla, se ha producido la conversión de ambas “en grandes centros de retención” para los solicitantes de protección internacional, a quienes no se permite viajar a la península, “vulnerando la Ley de Asilo y la Constitución”, lo que invita a muchos solicitantes a renunciar a su derecho. La llegada de extranjeros a las ciudades autónomas se redujo un 15% el año pasado, pero las solicitudes de asilo cayeron un 21% en Melilla y un 63,5% en Ceuta.
¿Qué está pasando? El caso más sangrante lo han protagonizado los costamarfileños. Solicitantes de asilo, tras permanecer casi dos años en el CETI, tuvieron que renunciar a la petición para poder salir de Ceuta. Veían cómo otros compatriotas marchaban a la península a los pocos meses de llegar a la ciudad, mientras que ellos, por ser solicitantes, quedaban bloqueados. Terminaron renunciando. CEAR reclama que se les permita partir a la península, al haber sido admitidas a trámite sus peticiones. Curioso resulta el caso de los inmigrantes de Mali. Escapados de una zona en guerra, no piden la protección que deberían tener porque temen quedarse retenidos.
Otro de los asuntos que “preocupa” a la organización por su incidencia en las cifras de asilo es la “inactividad de la Oficina ante las solicitudes de apatridia”, la “inmensa mayoría” de las cuales proceden de ciudadanos saharauis. Rubio ha explicado que esta postura “desoye a la Audiencia Nacional”, que ha dictado cerca de 30 sentencias favorables a reconocer la apatridia de estas personas, y al Tribunal Supremo, que se ha pronunciado dos veces en este sentido.
CEAR ha exigido al Gobierno que elabore ya el Reglamento de la Ley de Asilo, que debía estar listo seis meses después de la entrada en vigor de la norma y que, cuatro años después no se ha aprobado, para, entre otras cosas, ordenar el procedimiento en embajadas y consulados, donde actualmente las peticiones de asilo son “inexistentes” por la falta de normativa.
El informe de CEAR sitúa a España en el puesto 26 de los 27 países de la Unión Europea, por detrás de Estonia y sólo por delante de Portugal, con 55 peticiones de asilo por cada millón de habitantes frente a las 660 de la media comunitaria. Siendo frontera sur de la UE y responsable según Bruselas de rechazar al 63% de los inmigrantes irregulares que llegan al espacio común, recibió el año pasado 2.580 peticiones de asilo, un 25% menos que en 2011, el cuarto descenso anual consecutivo y la cifra más baja de los últimos 25 años.
