La figura jurídica de la conformidad se aplicó ayer para dictar sentencia en torno a una estafa sufrida por un extranjero a quien prometieron regularizar su situación previo pago de 4.000 euros. Quien supuestamente le iba a facilitar los trámites, previo abono de esa cantidad, era el llamado D.L.A., que disponía de una empresa inmobiliaria y que, además, inspiraba confianza al estafado por su condición de funcionario de la Policía Local.
Tras hacer entrega del dinero, el extranjero -de origen marroquí- nunca consiguió regularizar su situación, así que el caso terminó en los tribunales. Del juzgado número 6, que se encargó de la instrucción, se derivó a la Audiencia, en donde ayer no fue necesaria la realización de vista oral alguna, ya que el agente acusado aceptó el delito de estafa que se le imputaba.
Tras devolver los 4.000 euros al ciudadano estafado, aceptó una pena de 6 meses de prisión (que queda en suspenso) además del pago de una multa de tres meses a raíz de 3 euros diarios, lo que supone un pago de 270 euros. Pena ésta que fue aceptada por las partes, incluyéndose además una inhabilitación durante un tiempo para ejercer cualquier actividad vinculada al ámbito inmobiliario.
