La Fiscalía ha dado a conocer la petición carcelaria para todos los detenidos por su presunta relación con la banda de Anselmo Sevillano, un viejo conocido por las fuerzas de seguridad en Huelva al que se le vincula con la introducción de más de 3,6 toneladas de hachís por el puerto de Isla Cristina. Entre la ristra de acusados para los que la Fiscalía onubense solicita cárcel se encuentra un agente de la Guardia Civil que fue detenido por la Policía Nacional en Ceuta aprovechando que se encontraba en la ciudad autónoma, de baja, junto a su familia. Al agente en cuestión, que cuando prestó declaración judicial en Ceuta negó cualquier relación con los hechos, se le pide 9.600 euros de multa además de inhabilitación para ejercer su profesión durante tres años, tal y como ayer adelantó el rotativo Huelva Información.
El agente, destinado en Madrid pero que se encontraba circunstancialmente en Ceuta junto a su familia, fue detenido por la Policía en octubre de 2011 y es ahora cuando se conoce la imputación que sobre él realiza el Ministerio Fiscal. Junto a él hay diez imputados más, y entre todos suman una pena conjunta que asciende a 73 años y tres meses de reclusión y más de 700 millones de euros en concepto de multas.
La labor policial ejercida en Ceuta se ciñó únicamente a la localización del agente, que fue llamado a la Comandancia de Hadú sin que ni siquiera los mandos de la Benemérita supieran qué implicación manejaba la Policía. Tras su arresto se procedería a dictar la oportuna imputación contra su persona. La banda del Sevillano se sentará en el banquillo en junio.
Tal y como mantiene el Ministerio Público en su calificación, los acusados se habían asociado para introducir un cargamento de droga. Mediante un sistema de comunicaciones telefónicas basado en claves organizaban la llegada del alijo y todos los detalles. En el escrito de la Fiscalía se hace constar que el cabecilla de la banda estaba perseguido por la justicia pero se ocultaba en una lujosa urbanización de Estepona. Desde allí, fugado de la justicia, tenía su base de operaciones y contactaba con los demás acusados “a fin de impartir instrucciones y concertar con sus subordinados los pormenores relativos a la recogida, ocultación y depósito de las grandes cantidades de droga en lugares adecuados, ocupándose de financiar al grupo y surtirle de adecuados medios materiales tales como embarcaciones, vehículos y terminales de teléfono móvil, también de teléfonos satélite”, se indica en el documento del Ministerio. Algunos de los acusados se encargaban de la preparación del operativo, localizando a vigilantes y cargadores además de ocultadores. Habían contactado con los pilotos y para completar la historia contaban con el apoyo del guardia civil. Según la Fiscalía, el agente I.N.A. les facilitaba información de la base de datos de la Benemérita sobre la titularidad de los vehículos usados por agentes del Cuerpo durante el desarrollo de su actividad profesional, con lo cual se frenaba la efectividad policial.
El 21 de agosto de 2011, con motivo de las fiestas de la Virgen del Mar, se introdujo por la ría Carreras 3.620 kilos de hachís. El Ministerio Fiscal les atribuye a todos, menos al agente, un delito de pertenencia a grupo criminal y otro contra la salud pública.
