En el mismo expediente que se abrió para ver si había existido esa desviación de doce millones y medio de euros, el Gobierno ha incluido también la batería de pagos pendientes que ha realizado la antigua concesionaria de la limpieza.
El mismo Gobierno ya adelantó ayer que se mostrarán contrarios a la mayoría de estos apartados.
Comencemos a desgranar los mismos. El primero de esos bloques es una reclamación por trabajos efectuados durante un tiempo en los polígonos del Tarajal. Esa petición se cifra en tres millones de euros. Pues bien, la Ciudad no comparte este punto.
La segunda reclamación se centra en abono de los incrementos salariales que se produjeron por la modificación del convenio colectivo. También se contestará negativamente.
En el único apartado donde se puede reconocer no más de un tercio de lo que pide Urbaser en ese punto es en los intereses de demora por pagos de certificaciones a lo largo de la vida del contrato. Las fechas que aporta Urbaser no coinciden con los informes técnicos y será menos de ese tercio de lo que piden en este apartado.
Y en el cuarto se quejan del dinero que se les ha detraído de las certificaciones ya cobradas por distintos motivos. Tampoco se les devolverá. Y es que ese dinero retirado viene por ejemplo de cuando los controladores informan que un servicio no se ha ejecutando bien y piden que se detraiga el dinero de la siguiente certificación que deban cobrar.
Desde el punto de vista de Guillermo Martínez hay que ser prudentes y esperar a que Urbaser pueda alegar todos estos puntos, aunque entiende que lo más probable es que terminen en los tribunales de Justicia.
Además, indicó el consejero que en el año 2004 se hizo una auditoría donde se establecían los costes de explotación de Urbaser comparados con los ingresos. Pues bien, arrojaba un beneficio industrial para la empresa de trece puntos y medio, cuando la oferta que en su día presentó la anterior concesionaria para presentarse era de un 15 por ciento, con lo cual incluso el beneficio ha sido de un punto y medio menos. La conclusión a la que llegó el mismo Martínez fue que “le ha costado más el servicio que lo que preveían cuando hicieron la oferta en su día para quedárselo”.
“Las responsabilidades políticas, si las hay, cuando acabe el expediente”
El consejero de Economía, Hacienda y Recursos Humanos se le preguntó ayer en relación al tema de las responsabilidades políticas que exigía la oposición en el tema de Urbaser y sobre esta cuestión clara dijo el responsable del área que “estamos en un Estado de Derecho y por tanto se deben respetar las formas, porque la ley establece unos plazos para que todo el mundo sea oído. Nosotros estamos ultimando un expediente informativo y por tanto le daremos traslado a Urbaser de las conclusiones a la que se haya llegado por parte de los técnicos. Luego, ellos tendrán el tiempo que marca la legislación para contestar y los técnicos volverán a dar su opinión y se cerrará con unas determinadas conclusiones".
Pues bien, ese momento oportuno, es decir el instante en que se ponga punto y final al expediente administrativo, es desde su punto de vista cuando se puedan pedir responsabilidades políticas en el caso de que las hubiere.
Igualmente, sobre la rueda de prensa de Carracao sobre Contenur aludió a que “han hecho referencia a que los datos de los que han informado a los medios de comunicación provienen de una investigación interna de ellos”. Estimó que no disponía en ese momento de elementos objetivos para aclarar ni para desmentir nada, “porque hasta ahora mismo hemos estado centrados en el expediente de Urbaser, y cuando acabemos con él, porque todavía quedan algunos extremos y se pondrá punto y final la semana que viene, será el momento en que podamos comenzar a estudiar lo de Contenur”. De todas maneras, hay que recordar que se van a analizar todas las liquidaciones.
