Parejo a la llegada de los soldados iban apareciendo los abogados de oficio que se toparon con trabajo inesperado, teniendo que asistir a cada uno de los trasladados, en calidad de detenidos, a la casa cuartel. Posteriormente a prestar declaración -la tónica general fue negarse a reconocer los hechos aunque sí hubo quienes reconocieron disponer de un título falso o haberlo incluso falseado ellos mismos con programa informático-, fueron puestos en libertad con cargos, tramitándose los oportunos expedientes en el juzgado de instrucción número 5, que es el que lleva el caso. Así las cosas, la Benemérita vuelve a asestar un importante golpe en lo que, al margen de otras consideraciones, es un importante fraude. En total han sido 40 los soldados imputados entre la primera fase de la ‘Catedrático’ y la explotada en el día de ayer. También ha habido civiles. De los militares fueron detenidos 24 en la ciudad, mientras que hubo ocho arrestos de civiles en la península. A estos se añaden los casi diez arrestados en diciembre pasado entre la ciudad y Elche además de otros imputados, elevándose el cómputo global a 40. Los puntos de la península en donde se ha intervenido han sido Murcia (en concreto la localidad de Puente Tocinos), Madrid, Alicante, Córdoba, Almería (aquí se detuvo a un militar) y Albacete, entre otros. Allí agentes de la Benemérita practicaron detenciones de civiles, que todavía siguen abiertas.
La colaboración militar para conseguir que la operación llegara a buen puerto ha sido clave, ya que en todo momento el Instituto Armado ha contado con la cooperación de los mandos de las distintas unidades para que la práctica de las detenciones se llevara a cabo sin problemas y sin generar polémica alguna.
Según las investigaciones que ha ido desarrollando los agentes de la Policía Judicial, los soldados se hacían, previo pago, con certificados de estudios falsos con el fin de efectuar una renovación o compromiso de larga duración de forma voluntaria y que, conforme a la Ley y Normativa que lo regula, les era exigida al personal de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas. Como ampliación de las primeras investigaciones, se abordó una nueva línea de investigación para determinar si por parte de los militares destinados en los diferentes unidades se había procedido a la falsificación de certificados de estudios de los diferentes centros a los ya obtenidos anteriormente, con el fin último de obtener la renovación del compromiso de larga duración. Algunos de los detenidos en toda la operación han reconocido haber adquirido estos certificados pero otros lo negaron, engordando todos los expedientes el grueso de una operación que ya está judicializada.
La clave de esta segunda fase de la ‘Catedrático’ ha estado en la información obtenida tras la detención de los presuntos cabecillas de la trama al aprehenderse un ordenador en el registro practicado en Elche. Tras el análisis de la información se pudo saber que había más certificados, algunos hechos pero todavía no enviados y otros a punto de remitirse... además de una lista de personas que habían solicitado pagar (entre 200 y 300 euros) por la documentación, sirviéndose del enlace que había en Ceuta, la cabo de Regulares arrestada en diciembre pasado. Ahora se abren varias incógnitas. ¿Se disponía en la ciudad autónoma de una infraestructura para falsificar esos documentos, o todos eran comprados a dicha enlace?, ¿de ser buena la primera de las hipótesis, cabe la existencia de algún tipo de negocio con base en Ceuta, con equipos suficientes, para llevar a cabo esas falsificaciones en la propia ciudad y distribuirlas a quienes necesitaban fingir con papeles sus conocimientos? La operación sigue abierta.
Falsificaciones de títulos de centros de Ceuta
¿Hasta dónde llega la ‘Catedrático’? Hablar de que la operación está termina es arriesgado, sobre todo porque después de que la Guardia Civil destapara la caja de los truenos, éstos han empezado a sonar en distintos puntos del país y sobre personas de diferentes profesiones. Tras los arrestos en cascada de soldados, que ahora deberán responder judicialmente del delito del que se les acusa, hay otros que resultan claves. Se trata, precisamente, de los civiles que han sido detenidos con falsificaciones de títulos de centros de Ceuta, además de los certificados falsos que se han encontrado en la propia ciudad. Uno, por ejemplo, correspondiente a un instituto. Y puede haber más, de profesiones variopintas, que disponen de documentos falsos que o han utilizado o simplemente los tienen en su poder por si llega el día en que deban presentarse a alguna oposición y requieran de esa documental. También caben los títulos falseados de forma más rudimentaria por los propios detenidos, usando para ello el certificado real de otra persona y cambiándole con un ordenador los nombres.
La Guardia Civil trabaja, desde hace unos días, en la práctica de arrestos, llevándose sorpresas como ha sucedido al toparse con civiles y al hallar falsificaciones de documentos de centros de la ciudad.
¿Y quién está detrás de esas artimañas? Descartarse no se descarta nada, ya que al margen de la posible implicación de algún centro podría tratarse de individuos que, con una infraestructura básica, realizaría en su propio domicilio esa alteración.
Se abre un abanico de preguntas: ¿cuántos soldados puede haber implicados en estas prácticas, o profesionales de distintos ámbitos? Se van a practicar más detenciones. Ahora hay ya 40 imputados, y se espera llegar al centenar. La ‘Operación Catedrático’ se suma a otras del mismo estilo desarrolladas en otros puntos del país. Por ejemplo en Gran Canaria, en donde la Benemérita detuvo a una banda que se encargaba de falsificar títulos académicos que los beneficiarios utilizaban para ingresar en el Ejército. Sin embargo, de los 23 que pudieron acceder a los documentos falsificados sólo dos consiguieron entrar en el cuerpo de Defensa. En aquella operación, que se denominó ‘Cordura’, fueron detenidas tres personas. Hace un año era la Policía de Málaga la encargada de destapar una trama de títulos falsos para acceder a distintas administraciones. Y en Cataluña se destapó una organización que, en este caso, se dedicaba a falsificar documentación para cobrar las prestaciones de desempleo aunque los beneficiarios no cumplieran los requisitos.
