Tras la entrada masiva de decenas de miles de inmigrantes en Ceuta, cifras que llegaron a situarse en torno a los 70.000 - 80.000, escuchamos de todo: crisis migratoria, invasión y, desde el propio Gobierno, una expresión especialmente grave: “violación de nuestra integridad territorial”.

Si eso es lo que realmente ocurrió, entonces hay preguntas que ya no pueden seguir escondiéndose detrás de discursos políticos.

Porque nuestra Constitución no se limita a reconocer derechos y obligaciones. También establece mecanismos para responder ante situaciones extraordinarias. El artículo 116 de la Constitución remite a una ley orgánica que regula los estados de alarma, excepción y sitio.

Esa ley existe: la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.

En su artículo 32 establece que, cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o un acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, y la situación no pueda resolverse por otros medios, el Gobierno puede proponer al Congreso la declaración del estado de sitio.

No digo que el estado de sitio tuviera que declararse automáticamente. Sino algo mucho más sencillo:

¿SE VALORÓ?

Porque si el presidente del Gobierno calificó lo sucedido como una “violación de nuestra integridad territorial”, los españoles tenemos derecho a saber qué mecanismos constitucionales se estudiaron para responder a una situación que el propio Gobierno calificó de esa manera.

¿Se analizó el artículo 32?

¿Quién decidió que no era aplicable?

¿Con qué argumentos jurídicos?

¿Se utilizaron absolutamente todos los medios legales disponibles para recuperar el control de la frontera?

¿O simplemente se decidió gestionar políticamente el problema y esperar a que dejara de ocupar titulares?

Pero hay algo todavía más grave.

Mientras Ceuta afrontaba una situación extraordinaria, ¿dónde estaba el Estado?

Pasaron inmigrantes de forma ilegal durante cuarenta y ocho horas sin que nadie lo parase.

El presidente del Gobierno tardó veinticuatro horas en desplazarse, y su estancia en la ciudad fue extremadamente breve, porque tenía que irse de vacaciones. Después, llegaron declaraciones, ministros, compromisos y promesas.

Pero una pregunta sigue en pie:

¿CUÁL FUE LA SOLUCIÓN REAL?

Porque decir que se devolvería a todos los que habían entrado irregularmente es muy fácil delante de las cámaras. Lo difícil es hacerlo. Y si no era legalmente posible devolver a todos, ¿por qué se prometió?

¿Quién asumió la responsabilidad de aquellas declaraciones?

¿Quién explicó después a los ceutíes que la realidad era diferente?

¿Y por qué, mientras se habla constantemente de los derechos de quienes entraron irregularmente, parece que los derechos de quienes ya vivían aquí quedan relegados a un segundo plano?

Porque también existen los derechos de los ceutíes. Unos derechos que nuestro Gobierno parece recordar solo cuando le interesa:

Derecho a la seguridad.
Derecho a que sus hijos puedan ir al colegio con normalidad.
Derecho a que los servicios sanitarios y sociales no colapsen.
Derecho a vivir tranquilos.
Derecho a que la frontera sea una frontera y no una línea que el Estado solo parece recordar cuando estalla una crisis.
Derecho, en definitiva, a que España les proteja.

También derecho a que nadie tergiverse lo que aquí se está diciendo.

No se trata de negar derechos humanos.

Se trata de recordar que los derechos humanos no son patrimonio de quien cruza una frontera ilegalmente.

Los ceutíes también son personas y, aunque nuestro Gobierno parece ignorarlo, también tienen derechos y también merecen protección.

Para los ciudadanos de Ceuta lo que resulta intolerable es que cuando ocurre una situación excepcional se nos diga que fue una “violación de nuestra integridad territorial”, pero después no se explique con claridad qué hizo el Estado, qué herramientas utilizó, cuáles descartó y por qué.

Porque si aquello fue realmente una amenaza para la integridad territorial de España, estamos hablando de algo extraordinariamente serio.

Y si NO lo fue...

¿Por qué el presidente del Gobierno utilizó precisamente esas palabras?

Ya está bien de declaraciones grandilocuentes cuando hay cámaras y silencio cuando toca dar explicaciones.

Ceuta no necesita ministros desfilando para hacerse fotografías.

No necesita discursos.

No necesita promesas.

Necesita que el Estado ejerza como Estado.

Ceuta no es una periferia olvidada.

Ceuta no es una moneda de cambio.

Ceuta no es un problema migratorio más.

CEUTA ES ESPAÑA.

Y los ceutíes tienen derecho a exigir que España esté a la altura.

Queremos respuestas. Queremos responsabilidades. Y queremos saber quién decidió que, ante aquello que el propio Gobierno calificó de “violación de nuestra integridad territorial”, lo único que quedaba por hacer era gestionar las consecuencias.