Por una vez sindicatos y asociaciones reclaman en la misma línea: piden más medios humanos y materiales ante la situación de presión migratoria que se registra en Ceuta, derivada directamente de la sentencia del Tribunal Supremo que consideró ilegales las devoluciones en caliente.
Ceuta no puede soportar con los recursos de los que dispone las llegadas de adultos y menores que se están produciendo. Lo que está sucediendo estos días se traduce en un colapso de los medios existentes a nivel policial, de Guardia Civil y en el propio CETI y el sistema de atención a menores.
Este problema no es responsabilidad ni de la Ciudad Autónoma ni de lo que buenamente pueda hacer aquí la Delegación del Gobierno. Es el Estado y Europa quienes deben ofrecer con toda urgencia tanto los recursos necesarios como acelerar las gestiones diplomáticas y políticas que sean consideradas tratar con Marruecos, país que debe no solo controlar sus fronteras sino garantizar la vida de sus nacionales que día tras día arriesgan su integridad física en el mar.
De no adoptarse medidas extraordinarias, la actual situación se tornará en otra mucha más difícil de asumir. El revés judicial ha tenido su traducción en un auténtico efecto llamada que está recayendo sobre los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Al agotamiento de los guardias civiles a pie de frontera marítima y terrestre, se suma la inusual circunstancia que se vive en la propia Jefatura Superior de la Policía Nacional, con dependencias completamente ocupadas y agentes que no pueden hacer frente a los trámites burocráticos que son encomendados en el área de extranjería porque no tienen siquiera los recursos para ello. No se puede normalizar lo que no lo es, ni tampoco mirar hacia otro lado o tapar esta realidad.
Hay que hablar públicamente y con seriedad de estas circunstancias extremas, instando al Gobierno de España a situar Ceuta en el primer foco de atención, en la prioridad más absoluta como territorio más tensionado de todo el país en materia migratoria. Lo era antes de conocerse la sentencia del Supremo, lo es más aún en la actualidad.
La narración de hechos que realizan sindicatos y asociaciones se queda corta ante un problema que no ha hecho más que asomar. A diario decenas y decenas de personas se echan al mar, lo que no hace sino bloquear los medios existentes además de incrementar las posibles tragedias o los casos de desaparecidos. No se puede garantizar el control de fronteras ni tampoco las vidas de los que son sacados del agua in extremis.
A la hilera de desaparecidos de los que nunca más se sabe, se suman los muertos, muchos de ellos niños. Lo que sucede en Ceuta no es ninguna sorpresa para el Ministerio del Interior, ya que está plenamente informado de esto.
También lo sabe Europa que no se puede permitir el lujo de tener olvidada su frontera sur, transformándola en una trinchera, puesto que sobre la misma tiene toda la responsabilidad. La situación no es la mejor ni la que se merece una Ceuta que está luchando mucho por crear yacimientos de empleo y vender una adecuada proyección turística además de atender a las peticiones de sus ciudadanos.
El Gobierno de España y Europa deben reaccionar de inmediato ante una situación que ya está generando consecuencias incontrolables. Dejar esto para después puede convertir su obligada gestión en algo inasumible, en algo que llegue tarde.
"Este problema no es responsabilidad ni de la Ciudad Autónoma ni de lo que buenamente pueda hacer aquí la Delegación del Gobierno"
El delegado del gobierno de España en Ceuta no puede tratar con el gobierno de España ? Entonces cual es su función ???