La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta dejó ayer visto para sentencia el juicio seguido contra dos policías locales y el conductor de un turismo que se vieron envueltos en una calamitosa intervención ocurrida en septiembre de 2008 en pleno centro de la ciudad.
Ni los agentes -que estaban acusados de una falta de lesiones por la que el Ministerio Fiscal pedía una multa de 1.200 euros- ni el conductor del coche -acusado de un delito contra la seguridad vial, otro de atentado y dos faltas de lesiones por lo que se le pedía 2 años y 9 meses de prisión además de 2.400 euros- quisieron declarar, acogiéndose así a su derecho y mostrando que ninguna de las partes quería continuar con el proceso adelante. Al no haber declaración no existe prueba de cargo así que, aunque el caso ha quedado visto para sentencia todo apunta a que la misma necesariamente será absolutoria. Los hechos, de septiembre de 2008, se sucedieron cuando el conductor del coche conducía hablando por teléfono y sin cinturón por la calle Edrissis. Al ser apercibido por los policías, huyó y fue detenido en la calle Independencia. Allí se enfrentó con los policías, según el relato del Ministerio Fiscal, a los que lesionó. Éstos, a su vez, también lesionaron al joven, produciéndose denuncias cruzadas.
Multa para un hombre acusado de blanqueo de capitales
El tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial dictó sentencia condenatoria in voce para un acusado de un delito de blanqueo de capitales. Aunque en el escrito de calificación inicial presentado por el Ministerio Fiscal se le pedía una pena de 6 años de cárcel, finalmente se acordó una rebaja muy beneficiosa para el imputado, que aceptó la conformidad sentenciada ayer. Así, el llamado F.J.C.C. deberá hacer frente a una multa de 180 euros, que sustituye la pena de un mes y 15 días de prisión, además de al abono de una indemnización de 6.500 euros, a cuyo pago podrá enfrentarse de manera fraccionada. Nada que ver con la calificación inicial, en la que se contemplaba además de los 6 años de cárcel, el pago de una multa de 73.022 euros.
El acusado, cuyos intereses fueron defendidos por el letrado Mario Gil Pacheco, aceptó dicha condena, lo que supone asumir además su responsabilidad criminal en los hechos que se le imputaban. Vigilancia Aduanera comprobó que careciendo de ingresos económicos suficientes, adquirió entre los años 1999 y 2000 una embarcación semirrígida, un motor fuera borda y una motocicleta. Entiende el Ministerio Fiscal que el acusado tenía conocimiento de que el dinero usado para efectuar estas operaciones procedía de una organización criminal dedicada al narcotráfico, siendo él un mero testaferro.
