Marruecos ha aprobado su primera ley de ámbito nacional sobre los animales callejeros, una normativa que pretende establecer un marco legal para regular la protección, control y gestión de perros y gatos abandonados.
El texto incorpora por primera vez sanciones por maltrato animal, impulsa la creación de centros de acogida y apuesta por la identificación mediante chips. Sin embargo, una de sus medidas ha provocado un fuerte rechazo entre las organizaciones de defensa animal: la prohibición de alimentar o atender a los animales en la vía pública.
La ley ha salido adelante tras recibir el respaldo del Parlamento marroquí y responde, según el Gobierno, a la necesidad de afrontar el crecimiento de la población de animales abandonados y los problemas que esta situación puede generar en materia de salud y seguridad pública.
El Gobierno justifica la medida por el aumento de perros y gatos callejeros
El ministro de Agricultura de Marruecos, Ahmed El Boauri, defendió la aprobación de esta legislación asegurando que el país necesita un nuevo marco legal ante el "aumento descontrolado" de animales callejeros.
Según las estimaciones de la Sociedad Protectora de los Animales (SPA), la población de perros sin hogar supera ya los tres millones de ejemplares, una cifra que, según las autoridades, hace necesaria la adopción de medidas específicas para gestionar esta realidad.
Con esta ley, Marruecos pretende regular aspectos relacionados con el bienestar animal, el control administrativo de estos animales y la actuación de las administraciones públicas y entidades privadas.
La prohibición de alimentarlos provoca el mayor rechazo
El artículo que más controversia ha generado establece multas superiores a los 180 euros para quienes alimenten, acojan o proporcionen atención veterinaria a perros y gatos callejeros en la vía pública o en portales comunitarios.
Se trata de una práctica muy habitual entre numerosos ciudadanos marroquíes, especialmente en el caso de los gatos, que suelen recibir cuidados por parte de vecinos y voluntarios.
Precisamente este punto ha sido duramente criticado por organizaciones animalistas, que consideran que la norma puede perjudicar directamente a quienes colaboran de forma desinteresada en el cuidado de estos animales.
Las asociaciones alertan de que se puede criminalizar a los voluntarios
La Sociedad Protectora de los Animales (SPA), que ya había mostrado su rechazo durante la tramitación parlamentaria iniciada en 2025, volvió a expresar su oposición tras la aprobación definitiva de la ley.
En un comunicado, la organización manifestó su "profunda preocupación por las consecuencias para los animales y las personas que los protegen", al entender que el nuevo marco legal adopta un enfoque "represivo".
La entidad considera que la normativa puede terminar criminalizando a asociaciones, voluntarios y ciudadanos que prestan ayuda diaria a perros y gatos abandonados.
Multas y penas de prisión por maltrato animal
Además de regular la gestión de los animales callejeros, la nueva legislación incorpora sanciones específicas contra el maltrato.
La ley prohíbe el maltrato, la violencia y la matanza injustificada de animales, estableciendo multas superiores a los 1.800 euros y penas de prisión de entre dos y seis meses para quienes cometan este tipo de conductas.
Asimismo, también persigue la apertura o gestión de refugios clandestinos sin autorización oficial. En estos casos, las sanciones económicas oscilan entre 4.600 y 27.600 euros, según recoge el texto aprobado.
Chips, registros y nuevos centros de acogida
La normativa también apuesta por reforzar el control administrativo mediante la identificación digital de los animales con chips y su inscripción en una plataforma nacional.
Además, impulsa la creación de centros de acogida públicos y privados, con el objetivo de mejorar la gestión de perros y gatos abandonados y ofrecer un sistema regulado para su atención.
Con esta ley, Marruecos incorpora por primera vez una regulación estatal específica sobre los animales callejeros. Sin embargo, la prohibición de alimentarlos y las sanciones previstas para quienes les presten ayuda han situado la norma en el centro del debate entre las autoridades y las organizaciones de protección animal, que consideran que algunos de sus artículos pueden tener un impacto negativo sobre quienes colaboran en el cuidado de estos animales.
