Los empadronamientos fraudulentos y las residencias ficticias siguen siendo un objetivo de las dos administraciones que, en esta lucha contra el fraude iniciada el pasado año, han conseguido ya el desempadronamiento de casi 400 personas (ayer el BOCCE publicaba la baja de otras 90). Ayer se anunció que se seguirá en esa línea, controlando todas las gestiones a través del consejo de empadronamiento. Controlar que el padrón no se dispare por culpa del fraude no es un mero asunto estadístico, sino que también tiene sus repercusiones educativas, sanitarias y sociales, ya que los empadronados tienen derecho a la obtención de esas ayudas. La picaresca permite que personas sin derecho a esos servicios terminen beneficiándose de los mismos gracias a un empadronamiento fraudulento. Ayer el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, señaló que, activando este consejo de empadronamiento, se va a conseguir no sólo que exista un control sobre el padrón y la residencia, sino también implicar en estas vigilancias a la Policía Nacional y a la Guardia Civil (ya la Local se estaba encargando de estos cometidos).
Habrá más vías de comunicación entre Cuerpos para evitar situaciones como las que se dan: una vivienda de dos habitaciones con 24 personas registradas o un viudo sin hijos que tiene censados a 16 personas, algunos marroquíes, en su hogar. Se ha dado el hecho de trabajadores transfronterizos que han pretendido empadronarse. Son casos incongruentes, que no cuadran con la racionalidad porque esconden un fraude. Así que, desde ya, y controlados por este consejo, todas las fuerzas de seguridad se implicarán en el veto de tales prácticas.
De los empadronamientos ficticios se ha hablado mucho, pero ayer fue cuando, por vez primera, se lanzó una advertencia. Y esta la dijo el delegado del Gobierno, Francisco Antonio González Pérez: se va a buscar a quien empadrone a estas personas para intentar ponerlo ante la justicia porque se estaría ante un cómplice de unas prácticas fraudulentas. Cuando el delegado afirma esto es porque hay informes internos detrás que sostienen una realidad: la existencia de personas que cobran un dinero por favorecer estas prácticas permitiendo que haya individuos que, sin residir, estén dados de alta en un piso. Tanto Vivas como González Pérez recalcaron que no se trata “de perseguir” sino de “reprimir” las residencias ficticias, impidiendo así también el particular efecto llamada que puede llevarse a cabo para obtener beneficios de las instituciones.
