La actuación del Gobierno de Juan Vivas en relación con la rampa pública de acceso náutico constituye uno de los ejemplos más claros de la deriva política del Partido Popular en Ceuta. Lo desconcertante no es únicamente el contenido de la iniciativa, sino la disposición del Ejecutivo a respaldarla pese a la existencia de reiterados informes de la Guardia Civil que desaconsejan su implantación por motivos de seguridad.
Los motivos expuestos públicamente por la Guardia Civil no son cuestiones menores. Los informes advierten del riesgo de que una infraestructura de estas características pueda facilitar la inmigración ilegal, favorecer actividades relacionadas con el narcotráfico y el contrabando mediante embarcaciones ligeras, y dificultar el control policial sobre un punto de acceso directo al litoral ceutí. Se trata de advertencias formuladas por quienes tienen la responsabilidad de proteger nuestras fronteras y combatir algunas de las principales amenazas que afectan a la ciudad.
Precisamente por ello, resulta incomprensible la insistencia de MDyC y de su líder, Fatima Hamed, en mantener viva esta reivindicación. Después de años de debate, los ceutíes siguen sin recibir una explicación convincente que justifique esa perseverancia. Es legítimo preguntarse qué razones llevan a convertir esta infraestructura en una prioridad política permanente cuando la propia Guardia Civil viene advirtiendo reiteradamente de los riesgos que puede entrañar para la seguridad de Ceuta. Si existen argumentos que permitan rebatir esos informes, deberían exponerse públicamente. Mientras eso no ocurra, la insistencia de MDyC seguirá generando más interrogantes que respuestas.
Lo alarmante es que el Gobierno de Juan Vivas haya decidido hacer suya esa posición. El Partido Popular parece dispuesto a relativizar las advertencias de la Guardia Civil con tal de atender las exigencias de determinadas formaciones políticas. Una actitud difícil de comprender cuando hablamos de informes emitidos por el cuerpo encargado, entre otras funciones, de combatir la inmigración ilegal, el narcotráfico y el contrabando en nuestras costas.
El contraste resulta todavía más evidente cuando se observa el tratamiento que reciben las iniciativas presentadas por VOX. Propuestas destinadas a impulsar el empleo, apoyar a los autónomos, mejorar la seguridad vial, reforzar la atención sanitaria o resolver problemas reales de los ceutíes son rechazadas de forma sistemática, no por carecer de utilidad o viabilidad, sino por el simple hecho de proceder del único partido que ejerce una oposición firme al Gobierno de Juan Vivas y sus desvaríos.
El mensaje que transmite el Partido Popular es profundamente preocupante. Las advertencias de la Guardia Civil pueden quedar en un segundo plano si ello facilita determinados acuerdos políticos, mientras que cualquier propuesta impulsada por VOX merece un rechazo automático aunque suponga un beneficio evidente para la ciudad.
Esta forma de actuar confirma que el Gobierno de Juan Vivas ha sustituido el interés general por el cálculo político. Un cálculo que le lleva a mostrarse extraordinariamente receptivo con quienes impulsan un modelo de ciudad que favorece la marroquinización y la islamización de Ceuta, mientras margina todas aquellas iniciativas dirigidas a fortalecer la economía, la seguridad, la cohesión social y la defensa de la identidad española de nuestra ciudad.
Lo más grave de este episodio no es únicamente el respaldo a una infraestructura cuestionada por la Guardia Civil. Es inquietante comprobar que el Partido Popular está dispuesto a anteponer sus intereses políticos a los criterios de quienes velan diariamente por la seguridad de nuestra frontera.
Ceuta necesita un Gobierno que gobierne para los ceutíes y no para mantener equilibrios políticos cada vez más difíciles de justificar. Un Gobierno que escuche a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando alertan de riesgos reales, y que valore las propuestas por su utilidad para la ciudad, con independencia del partido que las presente.
Cada sesión plenaria confirma una realidad que ya resulta imposible ocultar. El Gobierno de Juan Vivas no vota pensando en lo que beneficia a Ceuta, sino en quién firma cada iniciativa. Cuando se rechazan propuestas para crear empleo, apoyar a los autónomos, mejorar la seguridad vial o proteger la salud de los ceutíes, mientras se está dispuesto a ignorar los reiterados informes de la Guardia Civil sobre una infraestructura potencialmente problemática, queda claro que el sectarismo político ha terminado imponiéndose al interés general y a la propia seguridad de Ceuta.
