Se refieren las fuentes fundamentalmente a dos asuntos: los recortes y la implantación de tasas judiciales para los ciudadanos.
El malestar que viven los jueces y magistrados de Ceuta viene de atrás, fundamentalmente por la carga de trabajo y la falta de medios para hacer frente a la ingente cantidad de asuntos que han de resolver. A ello se han sumado ahora varios factores provenientes de las medidas y reformas que ha emprendido el Gobierno a través del Ministerio de Justicia que encabeza su titular, Alberto Ruiz-Gallardón.
El descontento no sólo se produce, en cuanto a los recortes, en la actitud de los jueces, sino también en las de los funcionarios judiciales, que soportan una enorme carga de trabajo. Recientemente, a finales de año, se produjo una concentración de jueces, secretarios judiciales, fiscales y abogados de Ceuta -similar a la que se produjo en otros puntos de España- en contra de las medidas de recorte emprendidas por el Gobierno.
Sin embargo, hay discrepancias en el seno de la judicatura, al menos en cuanto a ciertos matices. Sobre todo en la cuestión de las tasas. En este sentido, hay jueces y magistrados que trabajan en Ceuta que se oponen frontalmente a la implantación de tasas a los ciudadanos por utilizar o recurrir a los servicios judiciales.
Sin embargo, hay un grupo de magistrados y jueces que tienen una opinión no tan directamente contraria a la implantación de tasas, siempre y cuando “quede garantizada la tutela judicial efectiva” de los ciudadanos.
Así, un magistrado opina que “no parece mala idea en principio la de cobrar por recurrir a determinadas actuaciones en materia judicial”. Esta opinión se sustenta en el hecho de que muchas personas recurren a la justicia con el objeto de establecer dilaciones en procesos. El simple hecho de recurrir puede suponer que una ejecución de sentencia se demore como mínimo dos años hasta que se sustancie, lo que perjudica a la persona que se supone que lleva la razón y que ve cómo su derecho a una justicia rápida se ve mermado.
Desde la judicatura no se culpa a los letrados que recurren, puesto que entienden que es una de sus funciones y que garantizan por su parte el cumplimiento de los derechos de los justiciables. En todo caso, sí se vería con buenos ojos una restricción de los recursos, y que se limitaran a dos instancias, en lugar de poder dilatar un caso hasta, póngase por caso, llegar hasta el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional, por no hablar de Estrasburgo.
“Muchas veces, recursos innecesarios sin sentido ahogan, dilatan y encarecen los procedimientos”, explica una fuente muy cualificada en el ámbito judicial.
Entienden, sin embargo, que la imposición de tasas, como se indicó anteriormente, debe estar supeditada a la “tutela judicial efectiva” de los derechos de los ciudadanos. No obstante, según se ha dispuesto por parte del Gobierno -reconocen- el hecho de que las tasas se impongan a partir de un mínimo de ingresos para las personas, que en todo caso es muy superior al salario mínimo interprofesional, garantiza que las personas sin recursos puedan recurrir a la justicia sin tener que pagar dinero.
Las tasas, por otra parte, no se aplican en lo tocante a procedimientos penales, teniendo en cuenta además que las personas sin medios siempre cuentan con el turno de oficio del Colegio de Abogados de Ceuta. Lo cierto es que, como recuerdan las mismas fuentes consultadas, el pago de los turnos de oficio de los abogados en Ceuta corre por cuenta de las arcas del Estado, concretamente del Ministerio de Justicia, lo que en definitiva se traduce en que son los ciudadanos en general los que corren con el gasto.
Se entiende pues que la imposición de tasas en un modelo razonable haría que “los ricos paguen la justicia de los pobres” mediante el sistema indicado, con lo cual se reducirían costes a nivel general de la ciudadanía, indicaron las fuentes consultadas, que pusieron de relieve que, en todo caso, los ciudadanos no verán mermado su derecho a la justicia, entendiendo que quedará plenamente garantizado, como anteriormente se ha expuesto, el derecho a la tutela judicial efectiva.
Así pues, parece que también en el seno de la judicatura hay un sector que no es reacio a sopesar la medida de la imposición de tasas para determinados procedimientos de manera que se eviten colapsos y se fomente la agilización de los procedimientos judiciales.
La ley contempla incrementos de entre 50 y 750 euros en tasas
La nueva ley, tramitada con el carácter de urgencia ante las Cortes Generales, salió adelante la jornada de la huelga general con los votos en solitario del PP en el Senado y contempla incrementos de entre 50 y 750 euros en las tasas. Con su entrada en vigor, los ciudadanos deberán pagar por primera vez en el orden Social y afrontar un coste de hasta 1.200 euros si quieren recurrir ante el Tribunal Supremo en la vía Civil y Contencioso-Administrativa.
Concretamente, la normativa grava la interposición de la demanda en toda clase de procesos declarativos y de ejecución de títulos ejecutivos extrajudiciales, así como en la interposición de recursos de apelación contra sentencias y de casación. La ley ha contado con el rechazo de la mayor parte del sector jurídico, así como por sindicatos y asociaciones de consumidores.
