Resulta que el consejero de Presidencia, Gobernación y Empleo, Jacob Hachuel, en nombre del Gobierno de la Ciudad reconoció que los ciudadanos tienen ahora mismo en Ceuta una sensación de inseguridad. Y desde luego, la Ciudad ha respondido con lo que puede responder, es decir, con unos servicios extraordinarios por parte de la Policía Local con un coste de 20.000 euros mensuales. Recordemos, de todas maneras, porque así se ha encargado de repetirlo hasta la saciedad el jefe superior de Policía, que la seguridad ciudadana es competencia exclusiva del Cuerpo Nacional de Policía y no olvidemos que la Policía Local es simplemente una auxiliar del CNP tal y como marca la legislación vigente. Los poderes públicos siempre van por detrás de la ciudadanía. Ha ocurrido siempre y por lo visto en un hecho que no va a cambiar. Sin embargo, la Ciudad no solamente ha terminado por reconocer este repunte de hechos delictivos y el malestar de la ciudadanía, sino que además se ha dedicado a tomar decisiones que ahí están. Sin embargo, los responsables de la seguridad ciudadana que son la Delegación del Gobierno y el Cuerpo Nacional de Policía siguen afirmando que aquí no pasada nada de nada y que todo marcha estupendamente. Por no reconocer, ni reconocen que tenemos 80 agentes menos que hace 3 años, que hay días no que se pueden abrir carriles en el Tarajal o que tienen dificultades para completar 3 vehículos radiopatrullas. Y eso no es responder ante la ciudadanía. Lo normal sería que Delegación compareciera, reconociera la situación y dijera que tienen los medios que tienen y que ahora con el nuevo Gobierno intentarán mejorar la plantilla. Al menos, sería actuar con honestidad.
