Habían montado una falsa gestoría para engañar a las personas más vulnerables, marroquíes atrapados en Ceuta tras la pandemia que necesitaban arreglar su documentación. Esas fueron sus víctimas, las que creyeron en quienes se presentaban como funcionarios de Extranjería, trabajadores sociales o decían tener contactos con la Policía para la realización de trámites.
No eran nada de eso, eran meros estafadores. Eso es lo que piensa el Ministerio Fiscal, que pide entre 6 y 8 años de cárcel para los tres detenidos en la llamada Operación Bolero.
Un golpe asestado por la UCRIF a finales de 2023 que hizo saltar por los aires uno de los delitos más deleznables: engañar con falsas promesas hasta arruinar a sus víctimas.
La mujer y los dos varones detenidos en aquella operación, identificados como S.D.R.R., R.E.Y. y J.J.M.D.R., se tendrán que sentar en el banquillo de los acusados y comparecer ante el tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta.
Son una pareja de Ceuta y un marroquí que servía de enlace para captar a las víctimas dándoles a conocer la facilidad con la que podían resolver unos trámites imposibles en muchos de los casos debido a las restricciones fronterizas que obligan a tener visado para el cruce por el Tarajal.
La organización que realizaba gestiones falsas
En base a la investigación de la UCRIF de la Policía Nacional, la Fiscalía mantiene que los tres acusados formaban parte de un grupo que quería obtener un ilícito beneficio. Para ello se dedicaba a engañar a ciudadanos extranjeros que se encontraban en una situación vulnerable en Ceuta afirmando que podrían renovar su documentación marroquí.
Sus víctimas eran personas que se quedaron atrapadas en la ciudad durante la pandemia, con pasaportes ya caducados, que si regresan a Marruecos para su renovación ya no volverían a entrar jamás.
Estas personas mantenían a sus familias, por eso eran capaces de darlo todo por conseguir regularizar su situación.
Eso era lo que les prometían, dando apariencia de legalidad a los trámites que llevaban a cabo. Las víctimas, un total de 14 conocidas, pensaban que trataban con una especie de gestoría.
Alteración de documentos y funciones repartidas para el engaño
Los acusados nunca cumplieron con los trámites prometidos a cambio de una cantidad elevada de dinero, logrando inducir a error a estos ciudadanos extranjeros.
Se las sabían todas. Así, alteraban y simulaban documentos púbicos, oficiales y privados, tanto españoles como de Marruecos dándoles apariencia de ser verdaderos.
Dentro de este grupo de personas existía una distribución de funciones. De esta manera, algunos de los integrantes se dedicaban a la captación de ciudadanos extranjeros que necesitaran regularizar su situación en Ceuta, mientras que otros simulaban ser capaces de tramitar la documentación necesaria para dicha regularización.
Y, también, estaban los dedicados a simular ser trabajadores sociales, funcionarios de Extranjería, de Seguridad Social o de la Policía, que llevarían a cabo la verificación de la documentación simulada que elaboraban para engañar a las víctimas.
La falsa abogada y el pícaro enlace
Una de las acusadas se llegaba a hacer pasar por abogada y, en otras, por especialista en tramitación de expedientes de extranjería, siendo capaz de negociar el precio por la realización de los trámites a sabiendas de que no los iban a realizar.
Otro de los acusados era quien ponía en contacto a los ciudadanos extranjeros y les hacía de intérprete, ejerciendo de pícaro enlace. La dinámica del engaño difería en función de si necesitaban regularizar su situación con permiso de residencia o trabajo, o si lo que necesitaban era renovar el pasaporte o documentación marroquí.
Para engañar a los extranjeros que carecían de trabajo en ese momento, les remitían un contrato que había sido alterado en sus elementos esenciales, dándole apariencia de verdadero, indicándoles que posteriormente recibirían una llamada de un trabajador social que les pediría los datos del citado contrato para verificarlos y finalizar los trámites de regularización.
El otro acusado llamaba a dichos ciudadanos extranjeros haciéndose pasar por un trabajador social y verificaba los datos del contrato de trabajo falsificado que previamente les habían suministrado.
Documentación falsa
Dentro de las actividades realizadas para el engaño, elaboraron documentos que simulaban resguardos del Consulado de Marruecos relativos a la iniciación o tramitación de expedientes de renovación de documentación (pasaporte o documento de identidad marroquíes), así como elaboraron documentos que simulaban documentos oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
También, les hacía firmar a los ciudadanos extranjeros, autorizaciones en papel timbrado para que pudiera realizar actuaciones en su nombre ante las correspondientes autoridades.
Los acusados manifestaban tener contactos tanto en Delegación como en la Policía o Extranjería, lo que les permitiría tramitar de forma satisfactoria la documentación de los ciudadanos extranjeros.
Este modus operandi lo desarrollaron de forma continuada, al menos desde septiembre de 2022 hasta noviembre de 2023, aprovechando la situación en la que se encontraban los ciudadanos extranjeros que, tras el cierre de la frontera por la pandemia, se habían quedado en Ceuta.
2.500 euros por renovar pasaporte; 10.000 por la residencia
Se aprovecharon de esa situación de vulnerabilidad y engañaron a personas, cobrándoles 2.500 euros por renovar pasaporte, 10.000 por la residencia, entre otros precios por servicios que no eran verdaderos.
Nunca llevaron a cabo ninguna gestión oficial ante entidades españolas o extranjeras en nombre de los 14 perjudicados que la Policía logró detectar ni devolvieron ninguna de las cantidades que recibieron de éstos.
En la Operación Bolero los agentes se incautaron de multitud de documentos y fotografías relativos a ciudadanos extranjeros, muchos de ellos manipulados o elaborados de forma que parecieran verdaderos, así como dinero procedente del engaño a los ciudadanos extranjeros.
Las penas que pide la Fiscalía
Fiscalía pide penas de hasta 7 años de cárcel para la única mujer acusada. Se trata de S.D.R.R., para la que se pide por delito continuado de estafa la pena de 5 años y 10 meses de prisión y 11 meses de multa con cuota diaria de 20 euros.
A ello añade por el delito de pertenencia a grupo criminal, la pena de 1 año y 6 meses de prisión.
Al identificado como R.E.Y. le pide prisión por delitos continuados de falsedad documental a penar en concurso medial del artículo 77 del Código Penal con el delito continuado de estafa. Solicita 6 años de prisión y 12 meses de multa con cuota diaria de 20 euros. Al estar en situación irregular, el Fiscal interesa que, una vez alcanzadas las 2/3 partes de la condena, el tercer grado o la libertad condicional, se sustituya el resto de la condena por la expulsión del territorio nacional durante 10 años.
Por el delito de pertenencia a grupo criminal, solicita la pena de 1 año y 6 meses de prisión.
Para el llamado J.J.M.D.R. solicita que se le impongan por los delitos continuados de falsedad documental a penar en concurso medial del artículo 77 del Código Penal con el delito continuado de estafa, la pena de 6 años de prisión y 12 meses de multa con cuota diaria de 20 euros.
Por el delito de pertenencia a grupo criminal, la pena de 2 años de prisión.
