Es curioso que el Sr. Feijóo, actual líder del Partido Popular nos haya hablado de “recuperar la decencia del país”, durante su encuentro con empresarios catalanes esta semana. La reforma de la sede central de su partido en la calle Génova 13 fue financiada parcialmente con dinero negro procedente de la caja B del PP, según acreditaron varias sentencias de la Audiencia Nacional. La sentencia del caso Gürtel (Época I) de mayo de 2018, que dio por probada la existencia de una contabilidad paralela estable en el partido; la sentencia de los “papeles de Bárcenas” de octubre de 2021, que confirmó que 1,55 millones de euros de la reforma se pagaron con fondos opacos; y la sentencia de la pieza “Reforma de la sede del PP” (Audiencia Nacional, 2021), que condenó a los responsables del estudio Unifica por delito fiscal y declaró al PP responsable civil por beneficiarse de la financiación irregular. Solo por estas razones, dejando aparte sus amistades “peligrosas” de juventud, debería emplear con cautela la palabra decencia.
Pero su viaje por tierras catalanas a mendigar una moción de censura, lo hace justo en el día que se publicaban los éxitos notables de la economía española en materia de empleo. La Seguridad Social había alcanzado 22,33 millones de personas afiliadas, el nivel más alto registrado en España. Este incremento suponía 231.975 cotizantes más en mayo, el segundo mejor dato de un mes de mayo desde que existen registros.
Asimismo, el desempleo registrado bajaba en 36.323 personas, situándose en 2.320.721 parados, la cifra más baja para un mes de mayo en 19 años. El sector servicios explicaba más del 75% del descenso. Los trabajadores extranjeros aportaban 111.300 afiliaciones, casi la mitad del empleo creado en mayo, el mayor aumento mensual desde que hay registros. Los contratos indefinidos subían un 3,5% y los temporales bajaban un 3,2%. Por primera vez, los menores de 25 años bajaban de 165.000 parados, un nuevo mínimo de la serie. Es decir, España vive un momento de récord histórico de empleo, con más de 22,3 millones de afiliados.
Además de lo anterior, España ha crecido un 12,3%, más que la media europea. El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha subido un 66% desde 2018. La reforma laboral ha reducido la temporalidad en 12 puntos. España ha desplegado 67.000 M€ del Plan de Recuperación. Las renovables generan ya el 56% de la electricidad (39% en 2018). Becas récord, 400.000 plazas de FP y permisos de 19 semanas. Pensiones revalorizadas, Ingreso Mínimo Vital (IMV) para un millón de hogares y fuerte refuerzo del Estado del bienestar.
Con este balance, es evidente que el Gobierno progresista de España está gobernando. Ha dado soluciones a la gente. Sobre todo a los más humildes. Ha implementado medidas de protección especial ante crisis importantes, como la pandemia o las catástrofes atmosféricas. Y ha evitado, hasta ahora, que las grandes corporaciones se hagan con el control total de los servicios públicos más preciados, como la Sanidad, la Educación o la Dependencia.
Cierto es que estos éxitos económicos no pueden justificar actuaciones de supuesta corrupción. Hay casos judiciales que empañan la vida política del país. En el PSOE aún están pendientes los casos de Ábalos, Cerdán, Koldo y Leire Díaz. También los extraños casos del hermano y la mujer del presidente del Gobierno o el del presidente Zapatero. Pero en el PP, penden los casos en Madrid de (Púnica, Lezo, Gürtel piezas); Valencia (Taula, Erial) y Audiencia Nacional (Kitchen, Gürtel). También el del exministro de Hacienda Cristobal Montoro y su Equipo Económico. Y el novio de Ayuso, Alberto González Amador, está siendo investigado por delitos fiscales y falsedad documental en una trama de facturas falsas vinculada a contratos de mascarillas durante la pandemia, aunque a una velocidad de “tortuga”. Y su asesor en la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez (MAR), afronta diligencias por presuntas coacciones y amenazas a periodistas en el marco de ese mismo caso.
También VOX mantiene varios procedimientos abiertos relacionados con financiación, fundaciones vinculadas, litigios internos y causas por declaraciones de cargos públicos. Entre los más relevantes destacan el expediente del Tribunal de Cuentas por presuntas irregularidades en donaciones y financiación electoral, las investigaciones sobre la Fundación Disenso por posible financiación indirecta del partido, los procedimientos civiles y laborales derivados del conflicto con Macarena Olona, las diligencias abiertas en juzgados de Madrid sobre la facturación y contratos del proyecto “España Viva”, y varios casos en instrucción por delitos de odio relacionados con declaraciones de cargos autonómicos y municipales del partido.
Ante estas situaciones es importante mantener la calma. Como dijera el filósofo, que los árboles del bosque no nos impidan ver las estrellas. Confiemos en que todo se aclare. Pero, sobre todo, confiemos en que, mientras los Tribunales deliberan y deciden, este gobierno progresista siga protegiendo a los más desfavorecidos y avanzando en políticas sociales. Pese a su debilidad parlamentaria. Y si alguien considera que debe poner en marcha los mecanismos constitucionales para hacer caer al gobierno, que lo haga. Es lo que está intentando Feijóo, aunque sin éxito, de momento.
Mientras tanto, los que aún creemos en la democracia como herramienta útil para la convivencia y el progreso del país, debemos seguir resistiendo los embates de las fuerzas conservadoras y sus aliados de la extrema derecha, que siguen filtrando y propagando todo tipo de bulos y mentiras sin que, por el momento, nadie les pueda parar.
¡Ni un paso atrás ante los populistas y reaccionarios!
