Engañó al sistema, hasta que el sistema lo cazó. Ahora se tendrá que enfrentar a un juicio por delito de estafa. Esta es la historia de un marroquí que al llegar a Ceuta manifestó ser menor de edad, cuando en el fondo ya tenía los 18 años cumplidos.
La historia de B.S., nacido en Marruecos el año 2006, la escribió de otra manera ante el fiscal de menores, quitándole 365 días a su edad real.
Así, cuando el 12 de septiembre de 2024 fue presentado ante la Fiscalía, declaró haber nacido en mayo de 2007. No era verdad, pero coló hasta que la Jefatura Superior de Policía alertó del falso menor.
Dijo no tener documentos que constatasen su edad
Negó que tuviera algún tipo de documentación pública u oficial que acreditase su edad verdadera para así obtener todas las prestaciones de tipo económico y administrativas que la legislación española otorga a los menores de edad no acompañados.
De esta forma, pudo ser conducido posteriormente a un Centro de Protección dispuesto por la Ciudad Autónoma, manifestando de nuevo haber nacido el 5 de mayo de 2007 y carecer de documentación pública u oficial que acreditase su edad.
Ese engaño le duró poco tiempo, ya que meses después, en concreto, el día 3 de octubre de 2024, el acusado presentó ante la Jefatura Superior del Cuerpo Nacional de Policía una carta de identificación marroquí, que, tras su examen, se pudo acreditar que en la misma constaba su verdadera fecha de nacimiento, siendo, por tanto, mayor de edad y no menor.
24 días en un centro de menores en el que no debía haber estado
El acusado estuvo en el Centro de Protección de Menores Nueva Esperanza un total de 24 días, que datan desde el 10 de septiembre de 2024 hasta el 3 de octubre de 2024, causando al Área de Protección de Menores de la Ciudad Autónoma de Ceuta, un perjuicio económico de 1.916,4 euros.
Es por ello que la Fiscalía ha solicitado que se le condena por estafa, solicitando no solo prisión sino también el abono de una multa y la devolución del dinero gastado por la Ciudad.
No es el primer caso que llega a juicio y termina con condena, habiéndose alcanzado acuerdos de 1 año de cárcel y sanción económica.
Con la sobreocupación sufrida en los centros de acogida de Ceuta, que alguien se aproveche de esos recursos supone una estafa a la administración, además lastra la atención que se debe ofrecer a otros niños que realmente sí necesitan de esos recursos económicos y asistenciales.
Se da, por tanto, un uso perverso de las disposiciones de las que puede echar mano la administración pública.
