El derecho de superficie y la concesión administrativa son las dos figuras jurídicas que el equipo de gobierno utilizará para planificar la colaboración público privada, tanto para la construcción de viviendas sociales como para la construcción de los nuevos mercados del centro y de la barriada de San José. Es un tema en el que vienen trabajando desde hace tiempo el propio ejecutivo de Vivas y se considera que el derecho de superficie es el ideal en el tema de la edificación de viviendas sociales. Donde el primer paso se daría por parte de la Ciudad que pondría el suelo, un promotor privado construiría las casas, que las cedería a la Ciudad por el pago de un canon y con posterioridad se adjudicarían en alquiler a las familias. Por supuesto, estamos hablando siempre de viviendas protegidas.
Aquí nos encontraríamos con las promociones del Brull, Pozo Rayo y de Príncipe Felipe. En este punto concreto aducía el presidente Vivas que existiría un ahorro por ejemplo con las viviendas que ahora mismo están siendo ocupadas por familias necesitadas y que se encuadran en el gasto de alojamiento alternativo.
Pero para los mercados sería distinto, porque se estaría hablando ya de un servicio público y aquí entraría en juego la concesión administrativa. Encontrado el promotor, éste construiría ambos mercados y luego a través de un canon que quedara establecido la Ciudad los utilizaría para su funcionamiento.
Son aspectos que, por supuesto, necesitarían de la necesidad de redacción de pliego de condiciones y luego una posterior licitación para que se adjudique a quienes presenten mejores condiciones a las propias ofertas que tenga la Ciudad.
