El Gobierno ha dado un paso decisivo en la regulación de la inteligencia artificial en España. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial (IA), que afectará también a Ceuta.
Esta norma pretende garantizar un desarrollo “confiable, ético y garantista” de esta tecnología en ámbitos tan sensibles como el empleo, la educación, la privacidad, la seguridad o la protección de menores.
La futura ley, presentada por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, adapta al marco español el reglamento europeo sobre inteligencia artificial y busca situar a España entre los países más avanzados del mundo en esta materia.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Transformación Digital defendió que la regulación de la IA es “uno de los grandes debates actuales” porque esta tecnología ya está influyendo directamente en “el presente y el futuro del empleo, la energía, la ciberseguridad, el desarrollo de los menores y las propias democracias”.
Supervisión humana y límites a la inteligencia artificial
Uno de los principales pilares de la nueva norma será la obligación de mantener siempre supervisión humana sobre los sistemas de inteligencia artificial. Según explicó Óscar López, el objetivo es evitar que determinadas decisiones automatizadas puedan afectar a los derechos fundamentales de las personas sin control humano.
“Establece algo esencial que está en todos los debates de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos”, destacó el ministro.
La ley también incorporará un sistema de clasificación de riesgos y un régimen sancionador para aquellas empresas o entidades que incumplan la normativa. Además, se definirán las autoridades encargadas de vigilar y supervisar el uso de la IA en España.
En este sentido, la pieza central será la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, con sede en A Coruña, que actuará como organismo principal de control. Junto a ella, otros organismos como el Banco de España, la Agencia Española de Protección de Datos o el Consejo General del Poder Judicial asumirán competencias específicas relacionadas con sus ámbitos.
Las prácticas prohibidas por la nueva ley
La normativa desarrollará las prohibiciones ya recogidas en el reglamento europeo de inteligencia artificial, impulsado durante la presidencia española de la Unión Europea.
Entre las prácticas vetadas se encuentran las técnicas subliminales, la explotación de personas vulnerables, la clasificación biométrica masiva, la puntuación social, la vigilancia predictiva o el reconocimiento emocional en determinados contextos.
Además, el ministro recordó que, a petición de España, la Unión Europea aprobó recientemente dos nuevas prohibiciones especialmente sensibles: la generación mediante IA de deepfakes sexuales y la creación de pornografía infantil con inteligencia artificial.
“Supone un avance muy importante en la protección de los menores y, muy especialmente, de las niñas, las principales víctimas”, afirmó López.
España presume de liderazgo en inteligencia artificial
El Ejecutivo sostiene que esta regulación no frenará la innovación ni la competitividad tecnológica. De hecho, el ministro rechazó la idea de que exista una incompatibilidad entre desarrollo tecnológico y control legal.
Según explicó, España se encuentra entre los países líderes en adopción de inteligencia artificial gracias a iniciativas como la estrategia nacional de IA, en la que se han invertido 1.500 millones de euros, el desarrollo del modelo público ALIA o la puesta en marcha de infraestructuras específicas para esta tecnología.
López también recordó que España fue el primer país europeo en crear una agencia estatal de supervisión de la IA y destacó el papel del país en los debates internacionales sobre regulación tecnológica.
En ese contexto, el ministro agradeció incluso la reciente aportación del papa León XIV al debate global sobre inteligencia artificial, después de que el Pontífice defendiera en su última encíclica una visión humanista y respetuosa con los derechos humanos frente al avance tecnológico.
Más exigencia para la Administración pública
Otro de los puntos destacados de la ley será el refuerzo de las obligaciones para las administraciones públicas que utilicen inteligencia artificial.
El Gobierno pretende elevar los estándares de transparencia y control en el uso de algoritmos dentro del sector público estatal, incorporando además la figura del “delegado de IA”, encargado de supervisar el cumplimiento de las garantías previstas por la norma.
Asimismo, el texto regulará los llamados sandbox o entornos de pruebas controladas para facilitar que las empresas puedan desarrollar sistemas de inteligencia artificial ajustados a la legislación.
Un debate que marcará el futuro
La futura ley inicia ahora su tramitación parlamentaria en las Cortes Generales, donde podrá recibir modificaciones antes de su aprobación definitiva.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca consolidar un modelo que combine innovación tecnológica con protección de derechos fundamentales en un momento en el que la inteligencia artificial avanza a gran velocidad y plantea nuevos desafíos sociales, económicos y éticos.
El Gobierno considera que el reto no pasa solo por impulsar la tecnología, sino por garantizar que su desarrollo esté siempre sometido a principios de transparencia, responsabilidad y control democrático.
