Refleja que esta decisión se ha abordado debido a la grave crisis económica por la que estamos atravesando y además por el gran número de causas pendientes que quedan todavía por determinar en los diferentes Juzgados de nuestro país, "porque lo que está claro es que no se pueden judicializar todos los temas, ya que en muchas ocasiones la presentación de recursos se hace para dilatar aún más los procesos".
Desde su punto de vista, al descolapsarse la Administración de Justicia "los jueces tendrán más capacidad decisoria y además las tasas judiciales se aplican a las personas con más recursos económicos". Sentenció que no se rompe para nada el Estado del Bienestar y "las nuevas tasas equilibrarán la situación económica para que todos puedan tener derecho a la Justicia".
Otra de las cuestiones que abordó la parlamentaria fueron las decisiones que se aprobaron en un reciente Consejo de Ministros en relación con los desahucios, “al no entender como el PSOE no ha apoyado al Gobierno de la Nación, dado que todos los días estamos viendo la realidad de nuestro país, donde incluso algunas personas se han quitado la vida antes de abandonar su casa”.
Sentenció que había existido una gran sensibilidad tanto por parte del Gobierno de la Nación como del mismo Partido Popular, pero que los socialistas habían preferido mirar hacia otro lado en todas las negociaciones que tuvieron con el Gobierno de Mariano Rajoy.
Ahora viene la reforma de la Ley Hipotecaria
Si quiso destacar que la decisión adoptada por el Gobierno de la Nación de una moratoria de dos años en los lanzamientos por parte de los Juzgados de los moradores de una vivienda es lo máximo que se puede hacer en estos momentos con la actual Ley Hipotecaria en la mano. En relación con este particular dijo que la misma no está derogada “y es cierto que puede ser insuficiente lo que ha decidido el Consejo de Ministros aprobando el real decreto ley, pero ahora es cuando todos debemos tomarnos en serio la reforma de la Ley Hipotecaria”.
Si quiso recordar por supuesto que la moratoria de dos años solamente es para la vivienda habitual de las personas que sufren la situación. Y puso encima de la mesa los datos que ofreció recientemente el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, sobre que más de seiscientas mil familias que iban a beneficiar de los acuerdos a los que se habían llegado.
