La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha valorado las medidas anunciadas por el Gobierno contra los desahucios, sin dejar lugar a dudas a la hora de considerarlas “insuficientes”. La CECU, que tiene representación en todo el país, entiende que tanto por los niveles de ingresos mínimos que se tendrán en cuenta como por las circunstancias familiares que tienen que concurrir para la aplicación de la moratoria hipotecaria, las decisiones tomadas y anunciadas el pasado jueves, “dejarán fuera a un buen número de ciudadanos sobre los que seguirá pesando la posibilidad de ser desahuciados”, apunta. La Confederación considera que hace falta, “de forma inexcusable, una modificación de la Ley Hipotecaria y de la Ley de Enjuiciamiento Civil para dar a los jueces mayores facultades para analizar y atemperar la aplicación de la ley en función de las circunstancias familiares, sociales y económicas de las personas afectadas por una ejecución hipotecaria. Unos cambios legislativos que tienen que llegar desde el consenso político y la participación de todos los sectores implicados: jueces, fiscales, abogados, asociaciones de consumidores y entidades sociales que llevan trabajando en ello en los últimos años”, señala.
CECU defiende propuestas como la necesaria revisión del sistema de servicios de inversión y refinanciación hipotecaria de las entidades financieras “para excluir del mismo a las viviendas sociales o a primeras viviendas. Es necesario, igualmente, una revisión del sistema fiscal que distinga el régimen impositivo de la compra de vivienda especulativa respecto de la primera vivienda”, aclara.
Para la CECU no deben admitirse desahucios en casos de primera vivienda sin acreditación por parte del banco de su arrendamiento o venta a terceros, con posibilidad de reocupación en caso de no verificarse dicho alquiler o compra. “Con un parque de 3 millones de viviendas vacías, España no puede permitirse el lujo de tener más viviendas desocupadas a cambio de situaciones de exclusión social. La dación en pago debe imponerse como solución para que las personas desahuciadas puedan rehacer su vida”, señala.
Argumenta la CECU que, en defecto de lo anterior, “se debe incrementar aún más el valor mínimo de adjudicación. De igual modo, deben imponerse límites a los tipos de interés de demora y a las costas judiciales y considerar, a efectos de valoración del bien inmueble, el precio mayor entre el actual y el de tasación en el momento de la formalización del préstamo hipotecario”, argumenta.
