Sinceramente no entiendo cómo la Asociación Española de la Guardia Civil se tiene que ver obligada a acudir a la Inspección de Trabajo para solucionar algo tan sencillo para los guardias civiles que prestan servicio en la Delegación del Gobierno. Sería tan fácil como que la delegada levantara el teléfono para que los mandos a los que tanto adora públicamente le explicaran que si un guardia se quiere tomar un bocadillo o abrirse una lata de atún, no tiene que hacerlo delante de las personas que acceden a la Delegación. O si necesitan administrarse una medicación tampoco tienen que exponer el pastillero a todo el que pasa.
Tener acceso a un espacio reservado que, además de existir lo usan otros profesionales, debería ser lo normal. Tirar de teléfono para que se dé esa orden no costaría ni 5 minutos. Atender la petición, ni cinco más.
Pero claro, estamos pensando en que esto que pide la AEGC realmente interese a una Delegación del Gobierno que es la primera que después honra públicamente a los funcionarios de la ley y el orden. En la práctica, parece que cuesta más poner las cosas en su sitio e incurrir en menos discriminaciones.
No valen excusas absurdas para no poder usar la sala, ni castigos generales para todos los guardias por hechos concretos del runrún popular. Si aquí empezamos todos a aplicar esa vara de medir para todo, me parece que más de uno y de una salen escaldados.
Que AEGC acuda a la Inspección de Trabajo es su obligación, pero evidencia el fracaso de una administración incapaz de resolver estos incidentes de una manera tan sencilla como rápida. Desastrosas evidencias.
