En los años 60 del pasado siglo se instaló en Huelva el llamado Polo Químico, que dio trabajo a miles de personas de las zonas rurales de la provincia. Sin embargo, las condiciones ambientales de estas empresas produjeron constantes movilizaciones ciudadanas en los años 70, que pusieron en cuestión, mediante análisis y estudios propios, los diagnósticos sobre la toxicidad de la industria química.
Tras el accidente nuclear de Chernóbil de 1986, en 2007 el gobierno de Ucrania comenzó la construcción de un enorme sarcófago que cubriría los restos del reactor 4 de la central nuclear. En el mismo se invirtieron más de 800 millones de euros, aportados por un consorcio liderado por la Unión Europea. Sin embargo, un informe de Greenpeace, elaborado por 52 expertos, elevaba el número de posibles casos de cáncer derivados del accidente a un cuarto de millón, de los cuales 100.000 serían mortales.
Después de décadas de la presencia de instalaciones químicas contaminantes, o de una catástrofe nuclear, no se sabe con claridad por cuánto tiempo se seguirán sintiendo sus consecuencias, ni cuáles son exactamente sus costes reales, humanos o materiales, o los responsables institucionales. Según Ulrich Beck, estos son ejemplos característicos de la emergente “sociedad del riesgo”, descrita en su obra del mismo nombre de 1998. “En la modernidad avanzada, la producción social de riqueza va acompañada sistemáticamente por la producción social de riesgos”, nos dice.
Ulrich Beck, sociólogo alemán, desarrolló el concepto de “sociedad del riesgo” para describir una nueva etapa de la modernidad en la que los riesgos generados por el propio desarrollo tecnológico y económico superan las capacidades tradicionales de control y previsión. Según Beck, vivimos en una época en la que los peligros ya no son localizados ni inmediatos, sino globales y a menudo invisibles, afectando a comunidades enteras y traspasando fronteras nacionales. Estos riesgos, como los descritos anteriormente de la contaminación química o los accidentes nucleares, no solo amenazan la salud y el medio ambiente, sino que también generan incertidumbre y desconfianza hacia las instituciones encargadas de gestionarlos.
En este contexto, la “sociedad del riesgo” se caracteriza por la toma de decisiones bajo incertidumbre y la necesidad de nuevas formas de gestión colectiva, donde la participación ciudadana, la transparencia y la responsabilidad institucional cobran una importancia fundamental. Beck sostiene que la modernidad avanzada debe enfrentarse a los desafíos derivados de sus propios éxitos, replanteando el equilibrio entre progreso y seguridad.
En esta emergente sociedad empezamos a enfrentarnos por los riesgos que lleva indisolublemente asociados el mismo progreso. Por un lado nos movilizamos para que no se instalen cerca de nosotros fábricas, centrales o depósitos peligrosos. Pero también nos movilizamos para desafiar la definición misma de lo que es peligroso. Y en esta definición de riesgo se rompe el monopolio de las ciencias: “sin racionalidad social, la racionalidad científica está vacía. Sin racionalidad científica, la racionalidad social es ciega”. Y este conflicto entre distintos saberes forma parte del nuevo tipo de conflicto social, en el que se enfrentan una pluralidad de definiciones de riesgo, según Beck.
Quizás sea esta ruptura con la ciencia una de las causas de que esté emergiendo entre amplias capas de la población el negacionismo climático, un claro síntoma de la irracionalidad social. Pero también puede ser un indicio de que los peligros que no llegan a ser definidos socialmente como tales, escapan a los mecanismos usuales de identificación de culpables, lo cual nos lleva a una especie de “irresponsabilidad organizada”, en la que las instituciones de la sociedad moderna reconocen la realidad de la catástrofe pero, simultáneamente, “niegan su existencia, escondiendo sus orígenes y excluyendo la compensación o el control”.
Todo lo anterior nos muestra nuevas dimensiones de la desigualdad, lo que requiere una urgente y renovada acción política enfocada a elaborar definiciones claras sobre los peligros y los riesgos medioambientales; a dilucidar qué debe considerarse como pruebas suficientes; a esclarecer a qué organismos deben someterse dichas evidencias y pruebas para su evaluación; y a establecer quién debe decidir sobre la compensación a los afectados. Las causas y las consecuencias del último “gran apagón” ocurrido en nuestro país, aún no resueltas, son el ejemplo más claro de lo que decimos.
Tal como se observa, las reflexiones de Beck, formuladas hace más de veinticinco años, continúan siendo sumamente relevantes en la actualidad. Sobre todo para saber situarnos y combatir más eficazmente, la nueva ola reaccionaria de negacionismo climático.
